El secretario general de Morena, Alejandro Pérez Ibarra, calificó como grave e irresponsable que un diputado local manifieste estar dispuesto a incurrir en “un desacato jurídico por un pretexto político”, en alusión a las declaraciones del legislador panista Guillermo Vega Guerrero sobre la reforma judicial.
El líder morenista señaló que resulta especialmente preocupante que un representante popular declare abiertamente su disposición a incumplir la ley, lo que envía un mensaje negativo a la ciudadanía, al tratarse de una conducta que vulnera el Estado de derecho.
Recordó que, mientras en otras entidades del país ya se ha emparejado este proceso con elecciones estatales, en el caso de Querétaro, sostuvo que Acción Nacional es responsable de que no se haya realizado en 2024, al no adecuar la legislación local. A su juicio, el PAN ha mantenido una postura de resistencia que ahora pretende extenderse hacia 2027 y futuros procesos.
Pérez Ibarra advirtió que la armonización de la legislación local con la reforma judicial federal no es opcional, sino una obligación constitucional, por lo que quienes se coloquen en una posición de desacato deberán asumir las consecuencias legales correspondientes.
“Un representante popular, un diputado, promoviendo, afirmando, aceptando estar en un desacato jurídico con un pretexto político, me parece sumamente irresponsable”, destacó Alejandro Pérez Ibarra.
Respecto a la elección del Poder Judicial, particularmente sobre si se empata la elección del Poder Judicial con la elección constitucional, dijo que es un tema que debe resolverse desde una perspectiva técnica y logística, y no política.
Asimismo, Pérez Ibarra consideró que este análisis debe realizarse bajo criterios técnicos que permitan definir el mejor mecanismo para su implementación.
Finalmente, ante los señalamientos sobre la falta de acuerdos entre Morena y el PAN en temas específicos de la reforma, como el mecanismo de selección mediante tómbola, el dirigente morenista hizo un llamado a los diputados de todas las fuerzas políticas a construir consensos, al señalar que los legisladores tienen la obligación de dialogar y armonizar la reforma judicial, ya que Querétaro forma parte del pacto federal y debe acatar los mandatos derivados de este.