Esmeralda, adolescente menor de edad que fue acusada de homicidio calificado tras un aborto espontáneo derivado de una violación sufrida a los 14 años en el municipio de Huimilpan, estado de Querétaro, no ha recibido justicia, a pesar de que se cumple un año de su exoneración.
Además, su agresor sigue libre e incluso vive en la misma comunidad que ella; tampoco se ha dado cumplimiento total a la recomendación de derechos humanos emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) y ratificada por la Comisión Nacional (CNDH), que determina diversas violaciones a sus derechos humanos, al haber sido acusada y perseguida por un delito que no cometió.
Esto incluye una reparación del daño adecuada, en cambio, las secuelas y consecuencias de la criminalización y revictimización por parte del Estado contra de ella y su familia continúan.
La respuesta del Estado
Esmeralda fue violentada sexualmente por un familiar cercano. A los catorce años resultó embarazada y meses después sufrió un aborto espontáneo, por lo que su papá, Ismael Aguilar, la llevó al Hospital del Niño y la Mujer y posteriormente a poner una denuncia por la violación.
Sin embargo, fueron engañados por las autoridades y, en lugar de avanzar en la investigación por violación, su hija fue acusada de homicidio calificado por tener un aborto espontáneo, por lo que, en un primer momento, sin hacérselo saber ni a ella ni a su papá, le ordenaron arresto domiciliario.
«Yo llegué de mi trabajo, había un problema ahí en mi casa, mucha sangre; lo que yo hago, la llevo al hospital. En el hospital me dicen que había tenido un aborto. A lo cual yo no tenía ni idea de lo que había pasado. Llega la policía, dice que no me preocupe, que me van a ayudar; yo confiando en la autoridad, pero confié en ellos, me dijeron que todo estaba bien. Dejé el caso en manos de ellos; me dijeron: «Nosotros te hablamos para cuando vengas a recoger el producto»; supuestamente había sido un aborto. Después me llegan notificaciones de que mi hija tenía muchos problemas legales», afirmó Ismael Aguilar.
Al estar desesperado es que buscó a la organización de Adax Digitales, quienes recibieron el caso ya sobreseído en cuanto al proceso legal por el delito de violación y muy avanzado respecto al caso de homicidio en contra de la niña, señaló Mayra Dávila, fundadora y representante legal de Adax Digitales AC.
Reparación del daño al agresor
Tras recibir el caso y decidir acompañarlo, Mayra Dávila asiste, junto con el equipo legal, a la audiencia intermedia, donde escucha que además de incriminarla y solicitar tres años de internamiento de la menor en el Centro de Internamiento y Ejecución de Medidas para Adolescentes (CIEMA), la Fiscalía solicita una reparación del daño de $518 mil pesos para quien tenga interés jurídico, es decir a padre de la concepción, el violador de Esmeralda.
Al enterarse de esto es que decide compartirlo en medios de comunicación, se hacen diversas notas de esto y una de ellas es la que se vuelve viral y logra difundirse a nivel nacional el caso, lo que provocó la indignación de miles de personas, así como de la presidenta de la república Claudia Sheinbaum y de la secretaria de la Mujer a nivel nacional Citlalli Hernández, quienes deciden intervenir.
En ese tiempo las integrantes de Adax vivieron días de caos ya que asistían a diversas entrevistas y reuniones con autoridades tratando de que no criminalizarla a Esmeralda. El caso cobró relevancia a nivel nacional y finalmente la Fiscalía General del Estado decidió exonerarla, más por presión de la opinión pública y de las autoridades federales que por una convicción real.
«Fue un caso que sí nos marcó bastante en el sentido de que nos señalaban por todo. Nos señalan todavía, pero esa vez yo sentía que nos veían y éramos la peste. Éramos las enemigas porque hacíamos todo lo contrario a lo que espera el propio Estado y la propia sociedad. Siempre debemos alzar la voz, aunque sea un espacio muy pequeño, alzar la voz ante todas estas injusticias que vivimos las mujeres, y más también las juventudes; es importante decir lo que está mal», afirmó Dayana Pérez.
Persecución
Las activistas, además de verse sobrepasadas en trabajo, ya que su labor la hacen de forma gratuita, también tuvieron hostigamiento, sobre todo Mayra Dávila. Este hostigamiento y persecución buscaban desprestigiarla y causarle miedo, las mismas surgían de redes sociales de cuentas afines al gobierno estatal, pero también correos anónimos, incluso intentos de presionarlas para que no hubiera sobreseimiento en el caso, sino que se llegara a un acuerdo donde la menor aceptara que era culpable y la utilización de lo sucedido a Esmeralda con fines políticos.
«En el tema de lo mediático fue como atacarme a mí, para que yo perdiera credibilidad, y decir, porque es esto y esto no hay que hacerle caso. Yo decía, así podría ser yo la criminal más grande de este mundo, pero que hay una injusticia en este caso, la hay y tiene que ser atendida. En lo privado era el tema de insultos; no puedo decir que me amenazaron», afirmó Mayra Dávila.
Sin embargo, el caso ya había cobrado relevancia y fue entonces que la DDHQ comenzó una investigación de oficio y determinó que las autoridades omitieron reconocer a Esmeralda como víctima de violación, la interrogaron sin acompañamiento psicológico y le negaron atención médica especializada. La Defensoría Penal Pública, por su parte, no ejerció una estrategia de defensa con enfoque de derechos humanos y emitió una recomendación.
Derechos humanos
Durante el procedimiento judicial, la adolescente fue tratada como culpable y no como víctima. La investigación ministerial se condujo sin perspectiva de género, y la Defensoría Penal Pública no garantizó una defensa técnica efectiva. Estas irregularidades fueron documentadas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQ) en la Recomendación 270/11-2024, emitida el 23 de diciembre de ese año.
En el documento, la DDHQ estableció que tanto la Fiscalía General del Estado como el Instituto de la Defensoría Penal Pública incurrieron en violaciones a los derechos humanos de Esmeralda a una vida libre de violencia, a la igualdad, a la no discriminación y a la defensa adecuada. El expediente reveló que la investigación ministerial carecía de peritajes especializados y que el personal actuó con prejuicios de género, sin observar el interés superior de la menor.
Fallas del sistema
Cabe destacar que incluso la organización decidió impugnar la determinación el 13 de enero de este año debido a que consideró que les hacía falta que se incluyeran otras instituciones como la Comisión Estatal de Víctimas, el Hospital del Niño y la Mujer y la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, sin embargo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ratificó la decisión de la defensoría local y no se sumaron más responsables, además concluyó que el caso refleja una falla estructural en el sistema de procuración y administración de justicia en Querétaro, derivada de la falta de capacitación en perspectiva de género y en derechos sexuales y reproductivos.
La recomendación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y confirmada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se centra en la reparación integral y la no repetición de violaciones a derechos humanos, por lo que instruyó a las autoridades a inscribir a la adolescente afectada, su familia y víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas para recibir atención psicológica y médica; a gestionar una indemnización compensatoria por los daños ocasionados; a dar seguimiento a las investigaciones en los órganos internos de control para deslindar responsabilidades; y a capacitar a su personal en perspectiva de género e infancias dentro del proceso penal, con énfasis en el respeto y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, igualdad y no discriminación.
Sin aceptar la culpa
De todas estas medidas mencionadas en la recomendación sólo se ha cumplido con la capacitación al personal de la defensoría pública de acuerdo con lo referido por Sonia Rocha, secretaria de la Mujer del Estado y el inicio de investigaciones ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado.
«Tengo un sabor agridulce, en el sentido de que una vez que el asunto mediático pasa, comienza un camino más árido, desgastante igualmente de esfuerzo, pero es algo que se tiene que hacer, continuar para que termine de hacerse justicia, de cerrar por lo menos un ciclo, que no creo que se cierre con eso para la familia ni para Esmeralda, pero sí en términos de hechos y objetivo se cumpla. En ese sentido, todavía queda mucho camino. No solamente porque es Esmeralda; hay muchas esmeraldas. Desgraciadamente, hay muchas cuestiones que son muy injustas para las mujeres», destacó María de los Ángeles Guzmán.
Especialmente las medidas de reparación no han sido cumplidas. La adolescente y su hermana continúan viviendo en la misma comunidad donde ocurrieron los hechos, sin garantías de seguridad y con secuelas emocionales derivadas del proceso penal y la exposición pública. Su agresor no ha sido detenido, ni procesado judicialmente y vive en la misma comunidad que ella, donde constantemente sufre de agresiones verbales, acoso y violencia.
Sin ayuda ni apoyo
Su papá señaló que esto derivó en un deterioro profundo en la salud mental de Esmeralda, su hermana y él además de la pérdida del trabajo y un deterioro de su situación económica, ya que, aunque le prometieron una reparación del daño para poder sacar a su hija de ese pueblo y comenzar de nuevo, esta no ha llegado.
«De hecho, mi hija ya no quería estudiar. Ya no quería saber nada; estuvimos casi un año en el psicólogo, estuvimos yendo al psicólogo los tres. Yo también estaba muy sentido. […] Yo creía que todo mundo me atacaba, que todo mundo me iba a atacar o hacerme daño. Porque la pasamos muy mal; mi hija también era llorar y llorar, no decía nada, no quedaba decir nada. Estábamos contra la Fiscalía, pero lo peor del caso es que estás luchando contra un fantasma porque jamás nos dio oportunidad de que nos defendiéramos», afirmó el papá de la víctima.
La versión de Kuri
La revictimización y criminalización se dio también en los medios de comunicación donde tanto el Fiscal, Víctor de Jesús Hernández y el gobernador del estado, Mauricio Kuri, sostuvieron que el proceso se realizó adecuadamente y aseguraron que la muerte del producto había sido a causa de un estrangulamiento.
«La chiquita denuncia una violación, el papá la acompaña; después lo que dice la Fiscalía es que se cae en contradicciones, la defensa. No soy quién para juzgar, no sé si actuó bien o para mal en la defensa de la chiquita. El papá y ella se desisten. Por lo que yo entiendo, ella sigue teniendo una relación con el victimario, también un menor de edad, y la chiquita se embaraza. El bebé nace, es decir, las pruebas que da la Fiscalía es que el bebé nace a los 9 meses, nace de tres kilos 50 gramos y el bebé es asfixiado», manifestó Mauricio Kuri.
«Una vez que nosotros realizamos las diligencias correspondientes, pudimos constatar que el periodo de gestación había sido de más de 36 semanas; prácticamente podríamos decir que había cumplido su periodo completo de sus 9 meses de gestación y que era producto viable», afirmó Víctor de Jesús Hernández.
Para Ismael papá de Esmeralda estas declaraciones son insensibles y llenas de desconocimiento y sin que se midieran las consecuencias de sus palabras.
«Yo creo que las autoridades, antes de ponerse a juzgar a una persona como mi hija, deberían de ponerse a investigar a una familia, a la gente, no nada más hacer las cosas porque ellos pueden hacerlas», destacó el papá de Esmeralda.
Tras esta revictimización y la intervención de la secretaría de la mujer federal, hubo un cambio en el discurso de las autoridades, en el caso del gobernador aseguró que se le debe de creer a la menor y ofreció su ayuda a ella y a su familia e incluso crear una comisión interinstitucional para atender el caso, aunque cabe destacar que el Poder Ejecutivo que él representa no resulta como posible violador de derechos humanos en la recomendación. Mientras que en el caso del Fiscal fue la exoneración, mismo que no se hubiera dado sin la presión mediática y sin la intervención federal; sin embargo, estas palabras no se han traducido en acciones.
«La Fiscalía ya ha desistido de los cargos hacia la niña que había sido imputada en una investigación que inició en enero de este año. Hay que decirlo, con otro fiscal, que tenía la titularidad de la Fiscalía de Querétaro. Se ha pedido también al órgano interno de control de la Fiscalía que se realicen las investigaciones correspondientes a los funcionarios que han estado al pendiente de esta investigación», afirmó Citlali Hernández, secretaria de la Mujer.
Al solicitar avances al gobierno estatal sobre el funcionamiento de esta comisión el gobernador del estado, Mauricio Kuri dijo que lo revisaría en la secretaría de Gobierno, quien es la encargada de darle seguimiento, mientras que el departamento de Comunicación Social de dicha secretaría aseguró que esa era información reservada y en la Fiscalía General del Estado, hasta el cierre de edición no se había otorgado una fecha para la entrevista respecto a los avances en el cumplimiento de la recomendación.
Fuera de foco
Incluso las activistas de Adax digitales señalaron que, tras el impacto mediático, la secretaría de las mujeres federal no volvió a ayudar a la familia de alguna manera. Por su parte el procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Manuel Hernández Rodríguez, informó que la institución acompañó jurídicamente y brindó apoyo psicológico a Esmeralda y su familia durante el proceso penal y señaló que en México los delitos sexuales ya no prescriben, por lo que el caso de violación podría reabrirse en cualquier momento si la víctima decide denunciar nuevamente, con asesoría de la Procuraduría.
Sin embargo, aunque se exoneró a Esmeralda, en gran medida debido a diversos factores como el acompañamiento de una organización civil, que el caso se hiciera mediático y a la intervención de autoridades federales; la familia sigue padeciendo las consecuencias de una justicia que no alcanza a todos por igual. Entre la incertidumbre, el dolor y el señalamiento social, continúan viviendo las secuelas de un proceso injusto que les arrebató la tranquilidad y dejó una huella profunda en sus vidas.
