FOTO| Ángel Rodríguez
La aplicación del Acuerdo de Escazú en Querétaro es mínima ya que no existen protocolos que garanticen el derecho al agua, además no hay avances en tres carpetas de investigación sobre los activistas que protestaron por la Ley de Servicios de Agua el año pasado, lo anterior es de acuerdo al informe presentado por la organización Bajo Tierra.
Cabe señalar que el Acuerdo de Escazú establece que en América Latina y el Caribe debe existir acceso a la información ambiental, además de la existencia de participación pública en los procesos y decisiones en este tema; afirman los voceros de la organización Bajo Tierra que en Querétaro no se respetan estas normas y un ejemplo de ello es el caso del proyecto Acueducto III.
De acuerdo a los datos brindados en este informe, el 25% de las aguas nacionales provienen de pueblos indígenas y alrededor de 77 mil concesiones se han otorgado sin su consentimiento.
«Muchas de las cosas que sucedieron el año pasado son evidencias de cómo está aplicándose, o no está aplicándose este Tratado, ejemplo 1, no pudo haber parlamento abierto en la aprobación de una ley, algunos diputados verbalizaron porque no estaba regulado el parlamento», manifestó Claudia Romero.
Se destacó que a pesar de que existen leyes e instituciones respecto al derecho al agua, no hay procedimientos que puedan garantizar lo escrito en la norma y por lo tanto, se vuelve ‘letra muerta’.
Se explicó que se debe trabajar los derechos ambientales y los derechos humanos a la par y no por separado, además de que el tema ambiental genera un conflicto económico que provoca la vulneración de los derechos ya mencionados.
Cabe destacar que los estudios realizados en este informe fue autofinanciado por esta organización y fue realizada de acuerdo a la zona metropolitana del estado de Querétaro, además que se complementó con información de otros estudios hechos en México, Argentina y Chile.
Respecto a las 3 personas que tienen una carpeta de investigación y que protestaron por la Ley de Servicios de Agua, explicaron que no hay avances cuando ya han pasado 9 meses de haberse iniciado este proceso y actualmente se encuentran en libertad condicional.
Explicaron los voceros de Bajo Tierra que son los poderes públicos y el sector privado los principales responsables de que los Acuerdos de Escazú no se implementen en la entidad queretana y de esta forma, generan un impacto ambiental.
Agregaron los voceros que la legislatura local no ha realizado un parlamento abierto que tenga como objetivo garantizar el derecho al agua y cuando son cuestionados los diputados en estos temas, solamente responden con las acciones y legislaciones que han hecho en otros sectores.
Finalmente explicaron que el Acuerdo de Escazú es una respuesta al contexto de urgencia de riesgo por la degradación ambiental que se vive en América Latina y el Caribe.