De acuerdo con la iniciativa de decreto para autorizar a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y al Poder Ejecutivo la ejecución del proyecto “Sistema Batán” bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), enviado por el gobernador Mauricio Kuri a la LXI Legislatura local, el sistema representa un megaproyecto hídrico que busca asegurar el abasto de agua potable en la zona metropolitana de Querétaro durante los próximos 30 años.
Costo
El proyecto contempla una inversión total de hasta $35 mil 722 millones de pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a precios de diciembre de 2024. Esta cifra incluye la inversión inicial, operación, mantenimiento y el volumen de agua en bloque entregado. La inversión inicial se estima en $9 mil 590 millones 954 mil 699.35 pesos.
Tratadoras de agua
El proyecto contempla la rehabilitación de las plantas de tratamiento de aguas residuales Sur y San Pedro Mártir, la construcción de una nueva planta en Arroyo Hondo, municipio de Corregidora, y obras complementarias para la conducción y disposición de aguas regeneradas hacia la presa El Batán.
También incluye la instalación de una planta potabilizadora con capacidad de 1,800 litros por segundo, sistemas de distribución, tanques de almacenamiento y humedales funcionales para el tratamiento ambiental.
Flujo y demanda
La iniciativa señala que el objetivo del proyecto es garantizar el derecho humano al agua y atender el crecimiento poblacional y la demanda del recurso hídrico en la región. Según el planteamiento, el proyecto permitirá incrementar el suministro de agua en un 43% desde su primer año de operación en 2028 y beneficiará directamente a más de 500 mil viviendas, con un alcance estimado de hasta 1.8 millones de habitantes en las próximas tres décadas.
El documento enviado a la Legislatura local indica que el proyecto responde a una necesidad crítica que enfrenta el estado, donde el 4.7% de los hogares no cuenta con agua potable, y el crecimiento poblacional registra una tasa del 2.7% anual, la segunda más elevada a nivel nacional en el periodo censal del 2010 al 2020; por ello se estima que para el año 2050 la población del Estado de Querétaro llegará a los 3.83 millones de habitantes, incrementando la demanda del consumo actual de agua en más de 6 m3/s.
De esta manera, anticipa una demanda que podría superar la capacidad del sistema hídrico actual hacia el año 2035, considerando que para ello se tendría que seguir sobreexplotando los mantos acuíferos y utilizando la infraestructura hidráulica deteriorada.
Sustento
Para sustentar la propuesta, la CEA elaboró estudios técnicos, jurídicos, financieros, ambientales y sociales, que contaron con opiniones favorables de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
El proyecto está alineado con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2021–2027, el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y la Agenda 2030 de la ONU, que promueven el acceso equitativo al agua y la sostenibilidad ambiental. Asimismo, el proyecto cumple con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de calidad del agua y tratamiento de aguas residuales.
Predio
Además, el documento solicita la desincorporación de un inmueble propiedad del Estado para su transferencia gratuita a la CEA; se trata de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Zona Sur, valuada en más de $424 millones de pesos, que será utilizada exclusivamente en el proyecto.
Enlace a empresa privada
Según el dictamen técnico-financiero, la CEA cuenta con la capacidad presupuestaria para asumir las obligaciones plurianuales derivadas del contrato, sin comprometer su estabilidad financiera; sin embargo, se incluye la solicitud para que, en caso necesario, el Estado pueda otorgar como garantía un porcentaje de los recursos provenientes del Fondo General de Participaciones, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.
El documento destaca que el modelo APP permitirá a la CEA suscribir un contrato con un desarrollador privado, quien se encargará de la operación, administración y mantenimiento del sistema y, al finalizar el contrato, la infraestructura será reintegrada a la CEA. También se contempla la implementación de programas de eficiencia operativa, energética y recaudatoria, con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema.
El documento señala que la CEA cuenta con calificaciones crediticias AAA (mex) por Fitch Ratings y mxAA- por S&P Global Ratings, lo que, según el planteamiento, refuerza la viabilidad financiera del proyecto sin necesidad de incorporarlo dentro del Techo de Financiamiento Neto del Estado (límite máximo de endeudamiento que una entidad pública).