El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, descartó la presencia de grupos armados en una mina ubicada en Peñamiller, como lo informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Luego del cateo realizado por la FGR en una mina presuntamente clandestina, ubicada en la comunidad de La Plazuela, el funcionario estatal reiteró que no se cuenta con información que confirme la existencia de personas armadas en la zona, y explicó que versiones similares surgieron meses atrás a partir de un documento que fue revisado en su momento, sin que se lograran corroborar los señalamientos.
Precisó que el operativo fue ejecutado por autoridades federales, por lo que la información oficial y el seguimiento del caso corresponde tanto a la propia FGR como a la Secretaría de Economía, instancia encargada de la regulación de la actividad minera.
«No tengo información de que haya grupos armados, y eso ya lo habíamos platicado. Eso se derivó de un documento que salió hace muchos meses, donde incluso medios de comunicación estatal constataron que no había nada de eso. Ese operativo es un operativo que generó la Fiscalía General de la República y que la regulación, el seguimiento y la información que se tiene que dar, lo tienen que dar a través de la Secretaría de Economía, a través de la dirección que regula las minas. Eso ya tendría que explicarlo la Fiscalía General de la República, pero nosotros no tenemos mayor información», resaltó el funcionario estatal.
Gudiño Torres agregó que el gobierno estatal no tiene mayores datos sobre los hechos que motivaron la intervención, aunque señaló que este tipo de acciones federales suelen derivarse de investigaciones o denuncias previas.
De acuerdo con la FGR, la diligencia se llevó a cabo mediante una orden de cateo en una mina presuntamente clandestina, como parte de una carpeta de investigación por delitos relacionados con la sustracción ilícita de minerales.
La indagatoria inició tras una denuncia anónima que alertó sobre la posible presencia de personas armadas que realizaban la extracción ilegal de mercurio y que presuntamente intimidaban a habitantes de la zona.
Como parte de las investigaciones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que el sitio no contaba con autorización vigente para la explotación de recursos minerales. Durante el operativo, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron el inmueble y localizaron diversos indicios, entre ellos herramientas industriales, material con características de explosivos, costales con material pétreo y un recipiente con una sustancia líquida presuntamente mercurio.
