Ambientalistas de distintas organizaciones hicieron un llamado a las autoridades para que cumplan con sus responsabilidades en la prevención y combate de los incendios forestales. Teresa Roldán, integrante de Vocerxs de la Madre Tierra, señaló que es necesario mejorar la respuesta institucional ante estos siniestros, ya que en muchos casos las comunidades son las primeras en responder ante la falta de acción gubernamental.
Roldán enfatizó debe de haber capacitación y el equipamiento adecuado para quienes se dedican a atender estas emergencias e incluso se dediquen exclusivamente a la atención de estos incidentes y no a otras tareas que puedan interferir con su labor principal.
Sugirieron que se establezcan brechas cortafuego y que se prohíba el cambio de uso de suelo en áreas afectadas por incendios durante los próximos 20 años para evitar posibles intereses inmobiliarios; asi como adquirir aeronaves del propio gobierno estatal para atender estas problemáticas. Indicó que desde la organización en conjunto con otras asociaciones y activistas han detectado 13 siniestros en lo que va del año, lo que es preocupante.
Incendios intencionales
Por su parte, Enrique Urribarren, del Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental, expresó que muchos incendios recientes en zonas como la Sierra Gorda, Amealco y Querétaro podrían haber sido provocados intencionalmente, ya que en varias ocasiones los siniestros comenzaron durante la noche, descartando causas naturales. En este sentido dijo que provocar incendios es un delito federal tipificado en el artículo 420 bis del Código Penal Federal, con penas que van de dos a diez años de prisión.
El activista instó a las autoridades a investigar estos casos ya que es necesario que este tipo de actos no quede impune y se investigue y sancione a los responsables. Destacó que el impacto ambiental es grande y afecta hábitats de fauna silvestre y generando problemas de salud debido a la contaminación por partículas en el aire.
Finalmente, ambos activistas coincidieron en que las autoridades deben implementar medidas preventivas eficaces y sancionar este tipo de actos para evitar las afectaciones al medio ambiente, que además tardan años y a veces décadas en reestablecerse.