«Si por defender la justicia queretana tenemos que caer en desacato, estamos dispuestos», advirtió el diputado panista, Guillermo Vega Guerrero, presidente de las comisiones unidas que mantiene en discusión la reforma judicial en el Congreso del Estado.
El también coordinador de la bancada del PAN en la LXI legislatura dijo que el dictamen de la reforma judicial ya se encuentra listo; sin embargo, no ha sido votado en comisiones debido a que mantienen diálogos con los diputados de Morena, quienes quieren incluir otros puntos que se encuentran en la reforma federal.
Negociable / No negociable
Dijo que la aprobación de esta reforma a nivel local no puede extenderse más allá de junio de este año; sin embargo, advirtió que existen puntos “no negociables” para su bancada, al mostrarse en contra de la denominada “tómbola”, requisitos estrictos y verificables; que quienes ya son jueces y magistrados tengan pase directo en caso de tener aspiraciones; que el cambio de estas posiciones sea escalonado; y que se garantice el servicio civil de carrera.
Aunque reconoció que se deben buscar acuerdos con todas las fuerzas políticas, dejó en claro que los legisladores de su partido no votarán a favor de un dictamen que ponga en riesgo lo que calificó como “un buen sistema de justicia” y un “sistema de justicia sólido en Querétaro”.
En este sentido, hizo un llamado a las personas que integran el Poder Judicial en Querétaro, “a mantenerse atentos” y expresar su postura para exigir una reforma de calidad, al insistir en que el sistema judicial “es uno de los últimos recursos de la ciudadanía frente a posibles abusos de autoridad”.
Guillermo Vega también defendió a los jueces y magistrados en Querétaro, al asegurar que es un “falso discurso” el que califica a “todos los jueces y magistrados como corruptos”. Además, señaló que la experiencia federal ha evidenciado que el poder judicial se ha convertido en un “botín político” para Morena en el país, algo que, advirtió, no se permitirá en el estado.
Dijo que la reforma judicial deberá aprobarse, a más tardar, en junio de 2026, y deberá hacerse en acuerdo entre todas las fuerzas políticas, dejando de lado los colores partidistas, dejando en claro que “no se permitirá una reforma que deteriore la justicia local”.