El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro reportó un incremento de hasta 15% en el número de demandas presentadas durante el último año, las cuales se deben, en su mayoría, a quejas de la ciudadanía por multas e infracciones relacionadas con corporaciones de seguridad pública, tanto estatales como municipales, y, recientemente, un incremento en controversias por fotomultas.
Durante su informe anual de actividades ante el Congreso local, el magistrado presidente, Juan Pablo Rangel Contreras, explicó que una de las funciones centrales del tribunal es resolver controversias entre particulares y autoridades estatales y municipales, ámbito en el que se ha registrado el aumento en la carga de trabajo.
Sanciones
La segunda función principal de este ente corresponde a la imposición de sanciones por responsabilidades administrativas graves a servidores públicos, exservidores y, en su caso, particulares; rubro en el que se emitieron 22 resoluciones, de las cuales 11 derivaron en sanciones y el resto fueron devueltas a los órganos internos de control por inconsistencias o falta de elementos.
En cuanto a los tipos de asuntos que llegan al tribunal, indicó que la mayoría corresponde a multas e infracciones relacionadas con corporaciones de seguridad pública, tanto estatales como municipales. Le siguen los casos vinculados al transporte público y, recientemente, un incremento en controversias por fotomultas, y señaló que este tipo de sanciones han sido objeto de criterios constitucionales que cuestionan su validez, lo que ha influido en su impugnación ante el tribunal.
Suspensiones e inhabilitaciones
Rangel Contreras informó también que las sanciones aplicadas incluyeron suspensiones, inhabilitaciones (con un máximo de hasta 10 años) y medidas resarcitorias, conforme a la legislación en la materia.
Destacó que los ciudadanos obtienen resultados favorables en más del 90% de los casos relacionados con multas de tránsito, mientras que, en el caso de la defensoría de oficio del propio tribunal, el porcentaje de éxito alcanza el 100%, mientras que en litigios promovidos por particulares se ubica entre el 80 y el 85%.
Señaló que, cuando una resolución favorece al ciudadano, se ordena a la autoridad correspondiente la devolución de los recursos pagados, lo que implica también un impacto en los ingresos públicos, al tratarse de sanciones económicas que forman parte de la recaudación gubernamental.