El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó la propuesta de ley electoral para el estado. La presidenta del organismo, Grisel Muñiz, informó que el documento incluye diversas modificaciones derivadas de la recopilación de lo sucedido en procesos electorales anteriores.
Planteamiento
Entre los principales cambios se plantea la creación de un bloque denominado “brecha histórica”, que integra a los municipios de Querétaro, El Marqués, Ezequiel Montes, Colón y Amealco, donde nunca una mujer ha ocupado la presidencia municipal. Con esta medida, los partidos políticos estarán obligados a postular mujeres en al menos tres de esos municipios, además de cumplir con los bloques de competitividad ya establecidos.
La acción afirmativa tiene un carácter temporal y desaparecerá una vez que se logre la participación equilibrada de mujeres y hombres en los ayuntamientos.
“Una propuesta de un bloque que denominamos brecha histórica; hay 5 municipios: Querétaro, El Marqués, Tequisquiapan, Colón y Amealco, que nunca una mujer ha llegado a través del voto. ¿Qué queremos hacer? Que adicional a los bloques de competitividad establecidos en la norma, todos los partidos políticos deberán elegir por lo menos el 50%, y esto ya está muy claro, hay mucha trascendencia en este tema; de estos 5, tres deberán destinar a mujeres”, declaró Grisel Muñiz.
La iniciativa incluye también la actualización de normas sobre el voto anticipado, el uso de tecnología en los procesos y la tipificación de la violencia digital como una forma de agresión política y el incremento de penas para este tipo de delitos.
Representación
La propuesta también contempla acciones afirmativas para garantizar la representación de los grupos de atención prioritaria, como la comunidad LGBTTTIQ+, personas con discapacidad, migrantes, adultos mayores e integrantes de pueblos originarios, por lo que los partidos políticos deberán postular fórmulas en municipios donde exista mayor presencia estadística de cada grupo, con el fin de asegurar su participación en los ayuntamientos.
Finalmente, propone la creación de una defensoría autónoma que brinde acompañamiento legal y protección frente a la violencia política, así como el incremento de sanciones por agresiones en razón de género y la incorporación de la violencia digital en la norma.