Instaron a que se construya una propuesta que “trascienda «el interés privado y ponga en el centro el bien común
Diversos especialistas en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) enfatizaron que la actual iniciativa de Ley de Aguas en la Legislatura del Estado de Querétaro contempla algunas deficiencias como la falta de un diagnóstico y no contemplan a otras instituciones como la Defensoría de los Derechos Humanos; por lo que instaron a que se construya una propuesta que “trascienda «el interés privado y ponga en el centro el bien común.
Durante la mesa de análisis “Iniciativa de Ley de Aguas en Querétaro”, que se llevó a cabo en la UAQ, la rectora Teresa García Gasca subrayó que es importante abrir el diálogo, pues México y Querétaro enfrentan una crisis hídrica muy importante. Esto en relación a las dos iniciativas de Ley de Aguas que presentaron recientemente la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Acción Nacional (PAN).
Buscan privatizar: García Guzmán
Respecto a la problemática, el doctor Genero García Guzmán de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), dio a conocer que han reportado 22 concesiones en la zona metropolitana; la mayoría de ellas, un 70 por ciento, se otorgaron en los años 2017 y 2019. Subrayó que las actuales iniciativas de Ley de Aguas en el estado sí representan una forma de privatización y cuyas concesiones incluyen la monopolización del agua, el acaparamiento del líquido en zonas privilegiadas y la exclusión para sectores populares.
Concesiones
«La concesión del servicio de agua potable y saneamiento a particulares es una forma de privatización, porque legaliza la entrega de un bien común de su infraestructura y de sus formas de gestión, al mundo de las ganancias y de los mercados”, declaró. La especialista María de Jesús Ibarra Silva rechazó la declaración del gobernador Mauricio Kuri Gonzáles sobre que esta iniciativa no privatizaría el servicio, sino que busca dar competitividad al estado; sin embargo, advirtió que, en su mayoría, esta iniciativa regula las concesiones.
Otra de las especialistas presentes, Claudia Romero, coordinadora de Asuntos Jurídicos de Bajo Tierra Museo del Agua, apuntó que el derecho humano al agua se entiende cuando una persona tiene lo “suficiente” para vivir dignamente y que también implica aspectos como la calidad del agua y la distancia de las poblaciones; por lo que lamentó que la actual iniciativa no contempla elementos en este sentido.
“La legislación se rige mucho en regular principalmente al organismo operador y, en una lógica de derechos (…) entran muchas instituciones que tendrían cabida y que tendrían pertinencia en garantizar este derecho, si ese fuera el objeto de la ley. Aquí hay una ausencia total de todas esas instituciones”, agregó. La ambientalista Pamela Siurob mencionó que, aunque ambas iniciativas se nombran como Ley de Aguas, se enfocan principalmente en regular el organismo operador de agua, y recordó que fue desde el 2012 que se logró hablar del acceso al agua y al saneamiento como derecho humano, gracias a la insistencia de la sociedad civil.