Es una irresponsabilidad por parte del Senado de la República el que se tengan alrededor de 100 nombramientos pendientes, afirmó Damián Zepeda Vidales, senador por el Partido Acción Nacional (PAN), quien expresó su sospecha de que esta situación es parte de una estrategia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre su rechazo a la división de Poderes que hay en el país.
Detalló que, ante esta situación, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no ha podido operar y con ello los mexicanos no cuentan con el acceso a la información.
“Nombramientos, es una irresponsabilidad, el senado claramente no está haciendo su trabajo, nosotros en la bancada del PAN hemos estado empujando muy insistentemente porque ya se hagan los nombramientos, y me parece que esto es parte de una estrategia del presidente López Obrador, de rechazo a la división de poderes en México”, resaltó Damián Zepeda Vidales.
Sin embargo, comentó que el Poder Judicial a través de una juez ya brindó una resolución para que la Comisión Permanente convoque para nombrar en el Senado. Aseguró que este hecho es parte de la estrategia del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, en su rechazo a los tres poderes, ya que, son los senadores de Morena quienes no quieren realizar los nombramientos correspondientes.
Dijo que el presidente de la República «desprecia» a las instituciones autónomas ya que intenta recortar sus presupuestos o implementarles un subordinado. Indicó que en caso de que los senadores de Morena continúen en esta postura, la juez podrá establecer una fecha límite para el cumplimiento de esta resolución y en caso de que continúe la negativa, la propia juez podrá realizar los nombramientos correspondientes y podrá sancionar a los senadores de Morena desde una amonestación hasta la destitución del cargo.
Por último, añadió que el INAI presentó una controversia constitucional para intentar reanudar sus operaciones, sin embargo, comentó que este documento fue recibido por una ministra subordinada, Loreta Ortiz, quien determinó que este órgano no pudiera operar a pesar de la falta de nombramiento en el senado.