Por: Marco Antonio Lara
La elección al Poder Judicial en México se erige hoy como uno de los temas más trascendentales y polarizantes en el panorama político y social del país. Anunciada con bombo y platillo por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2024, esta iniciativa ha desatado un torbellino de reacciones, desde el entusiasmo de sus partidarios hasta la profunda preocupación de quienes ven en ella una amenaza a la independencia judicial.
El 5 de febrero de 2024, en el marco de la conmemoración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente López Obrador presentó un paquete de 20 reformas constitucionales, entre las cuales destacaba la profunda reestructuración del Poder Judicial.
La propuesta presidencial buscaba en aquel momento, entre otros puntos, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los consejeros de la Judicatura Federal, y los jueces y magistrados federales, sean elegidos por voto popular.
Según el mandatario, esta medida buscaba «democratizar» el Poder Judicial y combatir la corrupción y el elitismo que, a su juicio, imperan en el sistema actual. Desde Palacio Nacional, López Obrador insistió en la necesidad de que los impartidores de justicia «sean realmente servidores del pueblo y no de intereses ajenos».
Oposiciones
El anuncio presidencial no tardó en generar una respuesta contundente por parte del propio Poder Judicial. Jueces, magistrados y personal administrativo se movilizaron en diversas ocasiones, expresando su rechazo a la propuesta y advirtiendo sobre los riesgos que, según ellos, entrañaría para la independencia y la autonomía judicial.
El punto álgido de estas manifestaciones se alcanzó con el paro de labores que paralizó las actividades judiciales en diversas entidades del país. Si bien no fue un paro generalizado, la adhesión de miles de trabajadores judiciales evidenció el profundo malestar y la preocupación de la judicatura ante lo que perciben como una intromisión directa del poder ejecutivo en sus funciones. Los argumentos esgrimidos por los juristas se centran en que la elección popular podría politizar la justicia, subordinándola a intereses partidistas y comprometiendo su imparcialidad.
Aprobación
Finalmente, después de serios debates académicos y movilizaciones, el 11 de septiembre del año 2024, el Senado de la República aprobó en lo general la referida reforma, ello sin dejar de lado el polémico voto del senador Yunes.
Elecciones
Como consecuencia de ello en la jornada electoral del 01 de junio del año 2025, las mexicanos y los mexicanos habrán de votar por ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistraturas de las Salas Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistraturas de Circuito y Personas Juzgadoras de Distrito.