Reiteró la importancia que actualmente se pide que sean desde las leyes de salud se discuta el tema del aborto
Las iniciativas para la interrupción legal del embarazo deberían de legislarse desde las leyes de salud y no en los códigos penales, pues en este espacio debe estar regulado los plazos y requisitos para que las mujeres puedan acceder a la interrupción de sus embarazos, consideró Fernanda Díaz de León, subdirectora de incidencia para IPAS Latinoamérica y el Caribe, quien indicó que estarán al pendiente de la iniciativa para la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación de Paul Ospital, diputado del PRI en Querétaro.
Señaló que revisaron la iniciativa del legislador priista y considera que como todas las iniciativas puede ser perfectible en algunos conceptos, pero reiteró la importancia que actualmente se pide que sean desde las leyes de salud se discuta el tema del aborto.
“Revisamos la iniciativa y por supuesto que en la iniciativa como en la gran mayoría es perfectible, hay algunos asuntos o algunos términos que habría que revisar y reconocer que esta iniciativa busca despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas, cuando la discusión ahora es que la interrupción del embarazo es un servicio de salud y que como tal debería estar regulado los plazos, los mecanismos, los requisitos, en una ley de salud y no en un código penal”, sostuvo la subdirectora de incidencia para IPAS.
Explicó que también se ha trabajado desde la Corte el tema de la objeción de conciencia de los médicos, para que se establezcan los parámetros de cómo se debe obedecer esta prerrogativa y no para convencer a una mujer que no se realice un aborto y tampoco se puede negar la información.
Agregó que el Código Penal de Querétaro es el más restrictivo en todo el país en cuanto aborto, porque la única causal en la que se permite es por violación y no se incluye la causal cuando la vida de la mujer está en peligro, por lo que esta iniciativa es una oportunidad que Querétaro avance en el tema.
Mencionó que tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de que ninguna mujer, ni quien le preste el servicio o información para la interrupción del embarazo sean penalizadas, esperan que en el Congreso Local la discusión se haga por dichos criterios jurídicos y derechos humanos, así como que dejen afuera de la discusión sus creencias y la ideología de su partido.
Por último, indicó que IPAS para Latinoamérica y el Caribe aún no se ha acercado con algún legislador local sobre el tema, pero estarán al pendiente para ver a qué comisión es turnada la iniciativa y pondrán a disposición la información científica, de la práctica médica y en estándares de derechos humanos con la que cuentan.