Zapata Guerrero argumentó que mucho de lo que se aprobó en este proyecto ya se encontraba en el Código Ambiental y solo se trasladó de una disposición a otra
La Ley que Regula el Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro no es inconstitucional, afirmó Antonio Zapata Guerrero, diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado. Se dijo respetuoso de la decisión que tome la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) y la Comisión de Nacional de Derechos Humanos (CNDH) si consideran que el proyecto viola la Constitución.
«Me parece que no se logró, yo soy respetuoso de las decisiones que tome cada uno de los diputados; soy respetuoso de las instituciones, si se ingresa que resuelva quien tenga que resolver sin ningún problema», destacó el diputado.
Zapata Guerrero argumentó que mucho de lo que se aprobó en este proyecto ya se encontraba en el Código Ambiental y solo se trasladó de una disposición a otra. Hay 12 oficios ante la Defensoría de Derechos Humanos que buscan que promueva la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y este 20 de junio es el último día que tiene el órgano independiente para dar resolución en la materia de si viola la Constitución o no, lo trabajado por las bancadas del PAN y Querétaro Independiente de la LX Legislatura.
Activistas y ambientalistas comentan que esta ley viola los derechos humanos en temas de como prevé el consumo humano al agua para todos los queretanos y que la reglamentación de concesiones de servicio de agua puede resultar beneficiosa para el sector privado, pero no se consultó a las comunidades originarias sobre la viabilidad del proyecto. Son algunos de los motivos que consideran que los diputados se saltaron antes promulgar este trabajo.