El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Guillermo Vega Guerrero, sostuvo que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales propuesta por Morena representa “un riesgo real” para productores, municipios y familias del país, debido a que centraliza el control del recurso y elimina contrapesos técnicos y ciudadanos.
El legislador enumeró las razones por las que la reforma destacó que el primer problema es que “centralice excesivamente el control del agua en el gobierno federal”, lo que, en su opinión, desplaza a estados, municipios y usuarios de la toma de decisiones.
El legislador indicó que la propuesta “inhibe inversión privada y productiva en agricultura e industria”, pues al limitar el acceso seguro al agua se afecta “la inversión, el empleo y el crecimiento económico”. A ello sumó la preocupación por el uso político del recurso, al advertir que la iniciativa “abre la puerta a discrecionalidad y uso político del agua”, trasladando decisiones técnicas a criterios de una sola autoridad.
También afirmó que la reforma también afecta a pequeños productores rurales, quienes requieren certidumbre hídrica y no más trámites.
“La iniciativa de Morena para cambiar la ley de aguas nacionales representa un riesgo real para las familias, para los productores y para los municipios de todo el país; lejos de mejorar el acceso al agua, lo que propone es quitarles a los estados y municipios la capacidad de decidir cómo administrar el recurso para concentrar todo el poder en el gobierno federal. Eso significa que decisiones que hoy se toman cerca de la gente, en cada región y con conocimiento de la realidad local, pasarían a manos de una sola autoridad en la Ciudad de México. Esto es muy grave porque cada estado y cada cuenca tiene problemas distintos; unos sufren sobreexplotación, otros contaminación, otros falta de infraestructura. Si se elimina la participación de gobiernos locales y de los usuarios como propone la reforma, se perdería la experiencia técnica y operativa que hoy permite que el agua llegue a muchísimos hogares, a los campos y a las empresas”, afirmó Guillermo Vega.
Decisión
Guillermo Vega señaló tres modificaciones que consideró especialmente graves, una de ellas, la modificación al Artículo 22, en el que Morena propone que la Federación pueda revocar o negar concesiones sin estudios técnicos obligatorios. Actualmente, dijo, la ley exige revisar disponibilidad, balances hídricos y justificar la decisión, por lo que, con el cambio, “bastaría que la autoridad alegue interés público sin explicar ni sustentar técnicamente”, lo que podría dejar indefensos a municipios, agricultores y empresas.
Participación
En cuanto al Artículo 13 Bis, la iniciativa reduce los actuales consejos de cuenca, donde participan estados, municipios, usuarios y especialistas, a órganos meramente consultivos, lo que implicaría que “la gente de cada región, quienes realmente conocen el problema del agua, quedarían fuera de la toma de decisiones”.
El artículo 119 amplía las facultades federales para inspecciones y sanciones sin criterios claros, lo que permitiría multas, suspensiones o intervenciones a organismos municipales “sin definir criterios de proporcionalidad ni plazos claros de defensa”.
Estas modificaciones, afirmó, reflejan que la reforma plantea “más discrecionalidad, menos participación ciudadana y menos certeza jurídica”, además de que “no resuelve la crisis del agua”, ya que no plantea soluciones reales al desabasto y la infraestructura deficiente. Además, criticó que la propuesta reduce la transparencia y la participación ciudadana, al eliminar espacios donde especialistas y usuarios pueden vigilar la gestión del recurso.
El coordinador panista subrayó que, contrario a lo que afirma Morena, la reforma no garantiza mayor acceso al agua; por el contrario, pone en riesgo el derecho humano al agua, limita la capacidad de respuesta local y le quita a la gente la posibilidad de participar y vigilar.