Gerardo Pérez Alvarado, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro (Fecaaq), consideró que la iniciativa de la llamada Ley Oli presentada por el Poder Ejecutivo está incompleta al excluir ciertas especies en su definición de maltrato animal, lo que advirtió que podría derivar en amparos por parte de quienes resulten sancionados.
Las declaraciones se dieron en el marco de la firma de convenio de colaboración entre la FECAAQ y la LXI Legislatura local, mediante el cual los colegios de abogados del estado podrán apoyar de forma técnica en el análisis y estudio de iniciativas, con el objetivo de fortalecerlas y disminuir el rezago legislativo. Consideró que el análisis técnico previo permitirá evitar errores de diseño que puedan volver inaplicables las leyes o que provoquen litigios innecesarios.
“La ley tiene que ser pareja porque entonces de qué nos sirve que la ley no sea coercitiva si para unas cosas sí, y para otras cosas no; entonces, siempre ha sido importante analizar y, como abogados, que en este momento todos litigamos […] Para nosotros es muy fácil o muy elemental decir ‘No, eso se ve muy bonito en el papel, pero no lo puedes aterrizar allá afuera’. Te sugiero que toquemos base con estas organizaciones, con estas asociaciones, para que no sea nada más una ley por ser”, afirmó Gerardo Pérez Alvarado.
Pendientes en el Congreso
Explicó que la Legislatura mantiene más de 300 iniciativas sin dictaminar y que el convenio busca que los 17 colegios que integran la Federación, con más de 1 mil 50 abogados acreditados, aporten su especialización en áreas como derecho penal, agrario, laboral y corporativo.
Asimismo, el abogado se pronunció en contra de la propuesta municipal para tipificar el “homicidio vial”, que busca sancionar como homicidio vial las muertes relacionadas con conducción en estado de ebriedad, al afirmar que incrementar penas no soluciona el problema y que la prevención debe centrarse en medidas administrativas y educativas.
Sancionar
Consideró más efectivo imponer sanciones económicas altas, como en Nuevo León, donde manejar en estado de ebriedad cuesta más de $18 mil pesos, lo que, afirmó, “sí genera conciencia”. Insistió en que la prevención debe basarse en educación vial y medidas administrativas, más que en el incremento de años de cárcel.
Agregó que el convenio con la Legislatura local permitirá revisiones más profundas de las propuestas legislativas, tanto de las ya existentes como de las que ingresen en el futuro, para asegurar que respeten derechos humanos, sean aplicables y no generen contradicciones jurídicas.