El diputado local por el Partido Querétaro Independiente, Manuel Pozo, presentó una iniciativa de ley que contempla mecanismos para la garantía de entrega-recepción de fraccionamientos en el estado de Querétaro; al respecto, el alcalde del Municipio de Querétaro, Luis Bernardo Nava, informó que en su demarcación hay alrededor de 300 fraccionamientos identificados que no han sido entregados.
De esta manera, Luis Nava respaldó la iniciativa presentada por Manuel Pozo, ya que aseveró que son alrededor de 300 fraccionamientos que no han realizado el proceso de entrega-recepción en el municipio de Querétaro, y dentro de las cuales, 51 preocupan al alcalde por la cantidad de sus habitantes. Argumentó que, al no realizar el proceso correspondiente, el municipio no puede invertir en recursos públicos para brindar ciertos servicios como el mantenimiento de vialidades, alumbrado y áreas verdes.
«La entrega- recepción de fraccionamientos desde el desarrollo de los mismos, que pueda haber mecanismos de garantía, pero ya todos los detalles se los puede platicar el diputado; nosotros tenemos 51 fraccionamientos identificados con un rezago importante, pero, además, que tienen una gran densidad de población que tenemos que resolver, pero también, necesitamos con esta iniciativa, necesitamos prevenir que esto se siga dando, por eso es importante la presencia del presidente», afirmó Luis Nava.
Por su parte, Manuel Pozo señaló que está situación sucede en diferentes estados de la República Mexicana; detalló que en cuanto el desarrollador termina de vender los inmuebles, deja de atender los servicios que le corresponden y, al no realizar el proceso de entrega-recepción, los habitantes de estos fraccionamientos carecen de los servicios mencionados.
Aseguró que está iniciativa tiene dos objetivos, una es que los nuevos desarrolladores ya no tengan estas problemáticas, y en la otra es que, aquellos desarrolladores que se encuentran en esta situación, puedan ser apoyados por medio de una política pública. Comentó que se realizaron 15 mesas de trabajo para la elaboración de esta propuesta legislativa.
Expresó que la intención principal de esta propuesta legislativa es prevenir, sin embargo, se contemplan sanciones como multas de 100 a 10 mil UMAS a los desarrolladores que no realicen este proceso; cabe señalar que actualmente se tiene una sanción únicamente de 103 mil pesos en este tema.
«Está de 50 a mil UMAS, lo que se traduce que la pena máxima, la sanción máxima, es de $103 mil pesos la que hoy pueden tener, al desarrollador por incumplimiento en este caso por no dar los servicios que ofertó; estamos planteando ir de 100 a 10 mil UMAS, que incluso, pueden llegar a un porcentaje del valor del propio inmueble», manifestó Manuel Pozo.
Comentó que existe una ley que ayuda a agilizar este proceso, sin embargo, esta norma contempla que únicamente el desarrollador podrá apoyarse en ella hasta que transcurran 10 años después de que se les venció su respectiva licencia; puntualizó que la iniciativa propone quitar este tiempo establecido.