El diputado Arturo Maximiliano García, junto con activistas y organizaciones civiles, presentó una propuesta de Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Querétaro, con el objetivo de derogar la actual Ley de Tránsito y homologarla con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ya que el plazo para hacerlo venció en junio pasado. El legislador destacó que esta iniciativa respeta la jerarquía de movilidad y prioriza la seguridad de todas las personas que transitan en la vía pública.
Explicó que la propuesta establece una pirámide de movilidad que coloca a los peatones, en especial a aquellos con movilidad limitada o discapacidad, en el nivel más alto de prioridad, seguidos por ciclistas, vehículos no motorizados y eléctricos, transporte público, transporte de bienes y, finalmente, vehículos particulares.
Así como la implementación de límites de velocidad según las características de las zonas como 20 km/h en entornos escolares, hospitales y zonas vulnerables; 30 km/h en calles secundarias y terciarias; 50 km/h en avenidas principales sin acceso controlado; 80 km/h en carreteras estatales fuera de zonas urbanas, así como continuar con la implementación del alcoholímetro.
“Hay que evitar la conducción de vehículos por encima de lo límites de concentración de alcohol establecidos también en la ley. Se establece y es importante que quede plasmado ya en la ley como tal en esta armonización la jerarquía de la movilidad: primero, las personas peatonas, especialmente aquellos que tienen movilidad limitada y con discapacidad. Dos, los ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados. Tres, las personas usuarias de vehículos eléctricos, cuyo motor genera una velocidad no mayor a 50 Km/h. Cuatro, los servicios de transporte público. Cinco, los servicios de transporte de benes y finalmente las personas usuarias de vehículos motorizados”, informó Arturo Maximiliano García.
El proyecto también busca reducir siniestros viales y proteger vidas mediante la construcción de infraestructura segura, el establecimiento de velocidades adecuadas y el diseño de vialidades que consideren errores humanos.
Adicionalmente, la propuesta incorpora una perspectiva de género, reconociendo las necesidades específicas de mujeres y personas cuidadoras, y promueve un sistema de movilidad incluyente y seguro.
Asimismo, dijo establece la obligación de garantizar transporte público gratuito en zonas rurales para niños y adolescentes, asegurando su derecho a la educación y evitando largas caminatas para llegar a sus centros escolares. La iniciativa fue elaborada con aportaciones de académicos, organizaciones civiles y ciudadanos, tales como el Frente Queretano por el Derecho a la No discriminación y el Estado Laico y la Coalición QM21.