Hasta 4 años de prisión y multas de cerca de $2 mil 600 pesos podrían imponerse a quienes abandonen a una mujer embarazada en el estado de Querétaro, señaló el diputado local de morena, Arturo Maximiliano García, al presentar tres iniciativas de ley para reformar el Código Civil, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Código Penal del Estado de Querétaro.
A decir del legislador, se busca de la mano de colectivas feministas, fortalecer la protección de menores frente a deudores alimentarios. Esto respondería a la obligación de armonizar la legislación local con las reformas federales aprobadas el 8 de mayo de 2023 en materia de defensa alimentaria.
Penas
Entre las sanciones propuestas se incluye la imposibilidad para los deudores de obtener licencias de conducir, pasaportes, participar como candidatos a cargos públicos y realizar trámites patrimoniales como la compraventa de bienes inmuebles, si se encuentran en el registro de deudores alimentarios. Se estima que en 2023 se registraron más de 3,000 casos de deudores alimentarios en Querétaro.
«Existen muchas infancias y mamás que siguen sin tener acceso a estos derechos, como es la pensión alimenticia, y siguen existiendo muchísimos deudores alimentarios en Querétaro, que gozan de completa impunidad por todas las lagunas que existen en la ley, por todas las deficiencias y por toda la paciencia que se les ha tenido a través de estas leyes, que está hechas para que puedan desentenderse de sus obligaciones»; informó Mayra Dávila.
Las reformas al Artículo 144 del Código Penal del Estado plantean prisión de seis meses a cuatro años a quien abandone a una mujer o persona con capacidad de gestar que haya quedado embarazada tras una relación con la persona sancionada.
Multas
A su vez, la multa iría de 150 a 500 UMA (Unidad de Medida y Actualización), que en 2024 es de $108.57 pesos diarios; por lo que la multa oscilaría entre $16 mil 285 y $54 mil 285 pesos, aproximadamente. La persona culpable perderá los derechos familiares, lo cual podría implicar la suspensión de derechos relacionados con la patria potestad, la custodia o la convivencia con su descendencia.
La idea es plantear medidas más estrictas y ágiles, como la reducción del tiempo para que una madre pueda iniciar una denuncia de 90 a 30 días, afirmó. Finalmente, el legislador destacó la necesidad de reformas adicionales en la ley electoral, para que quienes figuren en este registro no puedan contender en futuras elecciones.