Foto| Legislatura Querétaro
El coordinador de la bancada panista en el Congreso, Guillermo Vega Guerrero, hizo un llamado a la presidenta municipal de Cadereyta, Astrid Ortega, para que ingrese una solicitud de empréstito a la LXI Local para hacer frente a los pagos que demanda el sindicato y concluir así con la huelga de casi 50 días en esta demarcación.
El diputado panista garantizó que la solicitud contaría con el respaldo de los ocho diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en la Legislatura, destacando que la problemática se ha prolongado debido a la falta de liquidez del municipio, aunque señaló que éste cuenta con un presupuesto anual de 465 millones de pesos.
Aseguró que gracias a los esfuerzos e intervención de la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, se logró reducir la deuda de $28 a 13 millones de pesos; sin embargo, reiteró la autoridad municipal ha manifestado que no cuenta con los recursos suficientes para cubrir este pago.
«Nuestro voto a favor en el caso de que ella presente una solicitud un préstamo, de un empréstito, aquí al Congreso del Estado. Es decir, que si, por parte de la autoridades municipal […] si no tiene liquidez para poder hacer frente al pago de esto, ella podría dejar plasmado como parte del acuerdo en el propio Tribunal la posibilidad de llegar a un convenio con el sindicato, de establecer un calendario de pagos y tenga ella el respaldo de Acción Nacional para que pueda solicitar un préstamo», afirmó Astrid Ortega.
$15 millones
Vega Guerrero destacó que el monto del préstamo no debería superar los $15 millones de pesos y que podría ser pagado en un plazo de hasta 25 meses dentro de la propia administración de Ortega, evitando heredar una deuda a futuras gestiones.
El legislador recordó que el gobierno estatal ha manifestado su disposición de aportar cerca de dos millones de pesos para ayudar a la solución del conflicto, lo que reduciría aún más la cantidad a financiar, por lo que dijo, la opción de un préstamo es viable al ser un momento de 11 ó 12 millones de pesos.
Respecto a los conceptos que se incluyen en las exigencias del sindicato, Vega Guerrero reconoció que algunos pagos no pueden ser negociados debido a que están establecidos en el contrato colectivo, en cuanto a los honorarios del abogado sindical –que inicialmente ascendían a 3.5 millones de pesos y 60 mil pesos mensuales–, dijo son compromisos que el municipio debe cumplir por obligación legal.
“Lo ideal es que la presidenta dialogue con el sindicato y se apegue a la realidad legal de los contratos colectivos. No es posible modificar condiciones establecidas en administraciones anteriores, por lo que lo más pragmático es reconocer las obligaciones y trabajar con ellas”, agregó el legislador.