La coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local, Claudia Díaz Gayou, calificó como una “reforma mocha” y “a la queretana” la iniciativa de reforma al Poder Judicial presentada por el gobernador del estado, Mauricio Kuri, al señalar inconsistencias, omisiones y posibles beneficios a funcionarios en funciones.
Al presentar un análisis técnico-político de la propuesta del Ejecutivo, la legisladora sostuvo que existe una falta de comunicación entre el grupo parlamentario del PAN y el propio titular del Poder Ejecutivo, ya que desde el 24 de abril de 2025 las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales (presididas por el diputado panista Guillermo Vega) habían aprobado un dictamen que incluso fue remitido a los ayuntamientos y estaba listo para subir al pleno.
Sin embargo, el 3 de febrero de 2026, el Ejecutivo estatal presentó una nueva iniciativa de reforma constitucional en materia judicial, lo que calificó como una “evidente división interna” y genera incertidumbre legislativa.
A modo
Afirmó que la propuesta del Ejecutivo no armoniza plenamente con la reforma federal en materia judicial y abre la puerta a requisitos adicionales para aspirantes a cargos judiciales, más allá de los establecidos en la Constitución federal, lo que podría derivar en una reforma “a modo”.
Asimismo, cuestionó que se permita la postulación como magistrados de integrantes de ayuntamientos, fiscal anticorrupción, consejeros y secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, así como dirigentes partidistas, lo que, consideró, comprometería la imparcialidad.
“Me parece que ninguna de las propuestas panistas presentadas cumple con lo ordenado por la reforma al poder judicial; creo que tenemos que darle un refresh a la iniciativa que se presentó desde el año pasado por parte de la 4T. Hoy lo que propone el poder ejecutivo y lo que ya está dictaminado dentro de las comisiones unidas, tenemos que revisar qué va a pasar con este dictamen y qué va a pasar con esta iniciativa”, afirmó la diputada local.
Claudia Díaz también criticó la figura de suplentes para magistrados y jueces que plantea la propuesta del Ejecutivo, cuando la reforma federal establece que las ausencias deben cubrirse con quienes obtengan el segundo lugar en la elección, y advirtió que la creación de suplencias podría derivar en prácticas en las que titulares acceden a otros cargos dejando en funciones a perfiles designados estratégicamente.
Más de 13 magistrados
También señaló que la iniciativa abre la posibilidad de elegir más de 13 magistrados, lo que contraviene el principio de austeridad y la tendencia de reducción impulsada en la reforma federal.
Cargo para 12 años
Otro de los aspectos que consideró delicados se encuentra la aplicación del periodo de 12 años a magistrados electos bajo el nuevo esquema, lo que podría extender su permanencia más allá de los seis o nueve años previstos en la reforma constitucional federal; además, explicó que magistrados que concluyan su periodo de 12 años recibirían un fondo equivalente a seis años de sueldo; quienes no concluyan su encargo obtendrían seis meses de salario por cada año de servicio; jueces con más de 20 años recibirían cinco años de pagos mensuales; y aquellos con menos de 20 años, tres meses por cada año laborado. Para la legisladora, estos beneficios representarían una carga presupuestal significativa y un posible uso de recursos públicos para favorecer a funcionarios salientes.
Puntos a favor
Reconoció que existen aspectos con los que el PT coincide, como la incorporación de mecanismos alternativos de solución de controversias, el fortalecimiento de la justicia cívica y el impulso a la justicia restaurativa y la reparación del daño en materia penal.
En particular, recordó que desde enero de 2024 se mandató la armonización de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, proceso en el que Querétaro presenta rezago. La coordinadora petista reiteró que su bancada mantendrá como base la iniciativa presentada en enero de 2025 por la Cuarta Transformación y analizará los puntos en los que pueda existir coincidencia, al reiterar que la propuesta del Ejecutivo “beneficia a unos cuantos” y no cumple con lo ordenado por la reforma federal, por lo que insistió en que se trata de una “reforma mocha”.