Morena prepara la integración de una nueva ley de aguas para el estado de Querétaro, con la que se buscará reconocer el acceso al agua como derecho humano y no como un servicio mercantil. La iniciativa propone eliminar la privatización del suministro, garantizar un mínimo vital gratuito de 100 litros por persona, proteger cuencas y acuíferos, frenar desarrollos inmobiliarios en zonas de recarga, transparentar la gestión hídrica y establecer participación ciudadana vinculante en tarifas, vigilancia y toma de decisiones.
Iniciativa
El diputado Eric Silva Hernández detalló que la propuesta es acompañada por las diputadas Rosalba Vázquez, Blanca Benítez y María Eugenia Margarito Vázquez, quienes desde hace cuatro meses han venido trabajando en la conformación de esta iniciativa, a través de foros y una consulta pública que se realizó los días 17 y 18 de septiembre, donde participaron especialistas, organizaciones civiles y colectivos ciudadanos.
El legislador informó que las conclusiones de los foros establecieron que la ley vigente “no es una verdadera ley de aguas”, sino una norma que únicamente regula la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, con un enfoque “meramente mercantilista”.
Privatización
Agregó que, de acuerdo con los participantes, la legislación actual permite la privatización del servicio, prioriza fines industriales y empresariales por encima del consumo humano y no protege los cuerpos de agua ante la contaminación, sobreexplotación y desarrollos inmobiliarios, por lo que advirtió que la nueva ley descartará reformas parciales.
“Platicando con todos los expertos […], ellos nos dicen: «No basta con parchar la ley que tenemos ahorita, tenemos que crear una nueva ley estatal de aguas de Querétaro». Nosotros habíamos puesto sobre la mesa el tema de tal vez regular las concesiones, es decir, ponerle algunos candados, llevar a cabo algunas verificaciones para que la gente tenga verdaderos mecanismos de denuncia y que no suceda lo que pasa en algunos fraccionamientos en donde es un concesionario el que se encarga de dar el servicio, da un mal servicio, pero a costo de un cobro elevado del servicio del agua”, afirmó el diputado.
Puntos centrales
La propuesta contempla cuatro puntos específicos: derecho humano al agua, financiamiento y tarifas, transparencia y participación, sostenibilidad y ordenamiento. El primer punto busca que se reconozca el agua como un derecho fundamental, no como mercancía, rechaza la privatización del servicio y prohíbe el uso de agua residual tratada para consumo humano; además, promueve la regularización de aguas grises, pluviales y residuales.
El segundo busca que se aumente la inversión en reparación de fugas y se combatirá el “huachicol” del agua; además, se deberá ampliar la infraestructura hídrica en la Sierra Gorda y el semidesierto; también se establece la participación ciudadana en tarifas y garantizar el abasto mínimo de 100 litros diarios por persona.
El tercer punto promueve la creación de una Contraloría Social del Agua independiente de la CEA, así como la implementación de un sistema estatal abierto de información hídrica, la regionalización de la gestión con comités comunitarios y establecer mecanismos conforme al Acuerdo de Escazú.
El cuarto punto establece la obligación de proteger cuencas, zonas de recarga y acuíferos, impedir el cambio de uso indebido de concesiones federales, frenar el desarrollo inmobiliario en zonas de riesgo y recarga, e impulsar ecotecnias, economía circular y educación socioambiental.
Silva Hernández informó que, a partir de la próxima semana, iniciarán mesas técnicas cerradas con especialistas para redactar artículo por artículo la nueva iniciativa y confió en que, una vez llegada al pleno, contará con respaldo mayoritario, pues “todos están a favor de acabar con el problema del estrés hídrico en Querétaro”.