Diputados locales de Morena presentaron una propuesta de reforma a la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado, con el que prohibirían las propuestas que pretendan utilizar, tratar o potabilizar el agua residual para consumo humano.
El diputado Eric Silva dijo que esta propuesta responde como una alternativa al proyecto Sistema Batán: Agua para Todos, impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa contempla la modificación de 19 artículos con el objetivo de establecer un marco jurídico sólido que garantice soluciones viables frente al estrés hídrico en Querétaro.
«Nosotros en nuestro carácter de legisladores, lo que nosotros debemos de hacer es que desde el marco jurídico y con base en la ley, podamos nosotros establecer las reglas del juego para que todos los proyectos que nos digan que garanticen subsanar el tema del estrés hídrico en Querétaro tengan un verdadera normativa. Es por eso que el día de hoy mediante la modificación de alrededor de 19 artículos a esta ley vamos a garantizar que cualquier otro proyecto o cualquier otro decreto que se lleve a cabo, tenga un verdadero marco jurídico que defiende a los y los queretanos», afirmó Eric Silva.
Aguas residuales
El legislador adelantó que la reforma también prohibirá explícitamente el uso de aguas residuales para consumo humano, homologando la normativa federal vigente.
También propone dar a la CEA la facultad de reducir o cancelar volúmenes de agua concesionada en caso de sequía, priorizando el abasto doméstico; transparentar concesiones y asignaciones mediante un registro público, lo que permitiría a la ciudadanía denunciar tomas ilegales y combatir el “huachicoleo del agua”; condicionar nuevas concesiones a la disponibilidad real del recurso, con el fin de evitar entregas a industrias de alto consumo, como los data centers; y revocar concesiones a empresas que incumplan normas de tratamiento de aguas residuales y sanidad.
Cerrar vacíos
Por su parte, la diputada Blanca Benítez, representante del distrito 15 en la Sierra Gorda, señaló que la reforma también busca cerrar vacíos legales que permiten proyectos inviables como el Batán, además destacó que se impulsarán tres puntos clave: obligar a la CEA a destinar sus ingresos a infraestructura, pues actualmente las plantas de tratamiento en la Sierra y el semidesierto están abandonadas; crear un organismo autónomo de vigilancia, integrado por sociedad civil, para transparentar el uso de recursos de la Comisión Estatal de Aguas (CEA).
De igual forma se buscará regular las tarifas de agua bajo criterios claros y justos, a fin de evitar abusos que afectan a comunidades indígenas y familias de escasos recursos que hoy pagan contratos de hasta 50 mil pesos.
«Los que vamos a hacer junto con la sociedad civil, a través de los colectivos, y ciudadanos que quieran participar es precisamente tener el marco jurídico para que de ahí salgan el proyecto o proyectos a futuro que puedan tener bases dentro de un marco para no crear proyectos como lo que pasó con el Batán, que finalmente va en contra de algunas normativas federales»; afirmó Blanca Benítez.
Los legisladores adelantaron que la iniciativa será discutida con colectivos ambientalistas, académicos, técnicos y ciudadanía en general. El primer foro está previsto para el 4 de septiembre, aunque no descartan realizar más encuentros.