Diputados de Morena y Partido del Trabajo presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Querétaro con el objetivo de homologar las penas por feminicidio con el Código Penal Federal, para establecer una pena de 40 a 60 años de prisión.
El diputado del grupo parlamentario de Morena, Arturo Maximiliano García, precisó que actualmente el Código Penal en el estado establece una pena de entre 25 y 50 años de prisión; por lo que con esta medida se fortalece la justicia en casos de violencia de género y endurecer sanciones contra los responsables.
Puntos
La iniciativa establece modificaciones en los artículos 126 BIS, 217 BIS y 217 QUÁTER del Código Penal estatal, con lo que, además de ampliar la pena de prisión, también se establecen multas de hasta mil días para quienes cometan feminicidio.
La propuesta también contempla modificaciones en materia de violencia familiar, estableciendo agravantes cuando la víctima sea una mujer embarazada o cuando el agresor sea un servidor público; sumado a ello, se está pidiendo que el responsable pierda todos los derechos relacionados con la víctima, incluidos los sucesorios y aquellos respecto a sus hijos.
Violencia familiar
En cuanto a la violencia familiar, la reforma plantea penas de uno a cuatro años de prisión, con aumentos si la víctima es menor de edad, embarazada, mayor de 60 años o tiene alguna discapacidad.
La diputada del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou, explicó que el contexto de la propuesta responde a la creciente preocupación por los feminicidios en el país, delito del que Querétaro no está exento, pues de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron 797 feminicidios en México, de los cuales, en Querétaro ocurrieron 17.
Dijo que aún hay una agenda pendiente en el tema de feminicidio en Querétaro, debiendo actualizar las leyes para que reflejen las necesidades de las mujeres y fomenten la prevención de la violencia de género.
Aunado a lo anterior, los legisladores recalcaron la importancia de asegurar que los delitos sean correctamente tipificados, pues muchas veces casos que podrían considerarse feminicidios no reciben dicha clasificación.