Un obstáculo para la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el estado de Querétaro es que no se contemplan fondos de la Federación para que sea armonizado con las leyes locales, para lo cual se requerirían unos $55 millones de pesos, afirmó Mariela Ponce Villa, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro.
“El gran problema que tenemos, que de hecho, el martes estuve en la Ciudad de México, todos los presidentes de la Comisión Nacional de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, fuimos al Congreso de la Unión, nos recibieron los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para mostrarles nuestra preocupación de como los transitorios no están regulando el que recibamos recurso por parte de la federación, todo lo están dejando a recursos estatales”, manifestó la magistrada presidenta del TSJ.
Los $55 millones de pesos necesarios podrían dividirse en montos para los 4 años que se tienen como margen de tiempo para realizar la homologación a nivel estatal, sugirió la magistrada, pues, señaló, en los artículos transitorios de esta ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no se especifican disposiciones concretas para que el Gobierno de México otorgue el recurso.
La siguiente semana (entre el 11 y 17 de junio) habrá una reunión entre las y los presidentes de los tribunales de varios puntos de la República con legisladores federales para dialogar al respecto de la falta de disposiciones de financiamiento para la armonización de la ley en el Estado de Querétaro, adelantó. Externó la expectativa de que sus argumentos sean atendidos. Pese a ello, aclaró la magistrada, este nuevo Código aprobado para su aplicación en todo el país, tiene la virtud de acortar y agilizar procedimientos; no obstante, agregó, habría que capacitar a 50 jueces mixtos en la materia.