El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones en el Congreso local, Antonio Zapata Guerrero, descartó la existencia de un supuesto “cártel inmobiliario” en Querétaro y aseguró que las acusaciones en ese sentido responden a intereses políticos.
Lo anterior, ante los señalamientos que ha habido en contra de diversos desarrolladores inmobiliarios que acusan de fraudes inmobiliarios, debido a que vendieron predios en preventa y no han sido entregados.
Esta situación ha sido calificada por empresarios del gremio como una campaña de desprestigio que ha afectado sus ventas y que pondría en juego nuevas inversiones, el diputado panista aseguró que Querétaro sigue siendo un buen destino de inversión.
«Hay empresarios en los que su modelo de negocio no funcionó y quebraron, pero, tenemos también empresarios y desarrolladores que han hecho muy buena labor, hay quien intenta hablar de carteles o cosas por el estilo, pero, es netamente político. Lo más interesante es que Querétaro sigue siendo atractivo para venirse a vivir y el desarrollo y el crecimiento es consolidado con muy buenas empresas y el reto es el abastecimiento del agua», afirmó Antonio Zapata.
Denuncias
Sobre la percepción negativa generada por denuncias de fraude inmobiliario, dijo que es necesario poner en contexto el tema porque considero que “siempre se critica lo malo y pocas veces se visualiza lo mucho de bueno que tiene el estado”.
Respecto a la compra de vivienda en preventa, Zapata Guerrero llamó a la ciudadanía a informarse antes de adquirir una propiedad, ya que dijo, no pueden comprar sin comprobar primero si se trata en verdad de una preventa o si la empresa que los ofrece tiene los permisos ya autorizados para hacerlo.
También señaló que los municipios enfrentan un desafío importante con los asentamientos irregulares, donde algunas personas compran terrenos sin servicios básicos ni permisos; lo que deriva en fraudes. Finalmente, reiteró que no hay señales de la existencia de un cártel inmobiliario en Querétaro y que lo prioritario es fortalecer la regulación y la vigilancia en el sector para evitar abusos.