A fin de combatir la impunidad y endurecer las sanciones contra servidores públicos corruptos, el diputado del PRI, Paul Ospital Carrera, presentó una iniciativa para reformar la Constitución local y el Código Penal del Estado, buscando imponer “muerte civil” a quienes cometan actos de corrupción en Querétaro.
La propuesta incluye modificaciones a los artículos 8 y 37 BIS de la Constitución estatal y al artículo 260 del Código Penal. Con estos cambios, se eliminarían opciones como acuerdos reparatorios, suspensiones o criterios de oportunidad, que actualmente permiten evitar condenas formales. De esta manera, cualquier funcionario responsable de corrupción enfrentaría un juicio que dejaría un antecedente penal y sanciones definitivas.
“Uno, desempeño ilícito del servicio público; dos, abandono del servicio público; tres, uso ilícito de atribuciones y facultades en el servicio público; cuatro, abuso de autoridad; cinco, intimidación; seis, coalición de servidores públicos; siete, peculado; ocho, cohecho; nueve, concusión; diez, enriquecimiento ilícito; once, ejercicio abusivo de funciones; doce, tráfico de influencias”, informó Paul Ospital Carrera.
Además, se plantea un aumento en las penas para los delitos relacionados con corrupción, con el objetivo de hacer más severas las consecuencias legales. Esta medida, asegura el diputado, responde a los altos niveles de impunidad que prevalecen en el país, donde la mayoría de los casos no llegan a una sentencia condenatoria.
De ser aprobada, Querétaro se convertiría en uno de los primeros estados en implementar lo que el legislador describe como “muerte civil”, es decir, la imposibilidad de reintegrarse al servicio público después de haber cometido actos deshonestos.