La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado de Querétaro presentó una iniciativa de ley para tipificar el delito de cobranza extrajudicial violenta, con el que se busca frenar los préstamos conocidos como “gota a gota”, caracterizados por intereses impagables y métodos de cobro intimidatorios o violentos.
La propuesta contempla la adición del artículo 157 Bis al Código Penal para el Estado de Querétaro, estableciendo sanciones que van desde dos a seis años de prisión y multas de 350 a 500 días a quien, sin recurrir a acciones legales, ejerza violencia física o intimidatoria para exigir el pago de una deuda.
El diputado Guillermo Vega Guerrero informó que la pena podría aumentar en hasta en una mitad; es decir, llegar a nueve años, si la víctima es menor de edad, adulto mayor o persona en condición de vulnerabilidad y apuntó que la pena dependerá de la valoración del juez, sobre todo si se juntan dos o más condiciones. Los legisladores señalaron que el objetivo no es prohibir los préstamos, sino erradicar las prácticas ilegales vinculadas a su cobro.
“Lo que buscamos nosotros es contribuir con este delito, para que este fenómeno no crezca y reconociendo que los préstamos son legales, lo que es ilegal, es la manera en la cual los métodos, en los cuales se utilizan para cobrar este tipo de dinero. Hemos tenido, desde nuevo denuncias, que es lo que motiva la presentación de esta iniciativa”, informó Guillermo Vega.
Frentes
El PAN aseguró que la tipificación del delito fortalecerá cinco frentes: la seguridad pública al impedir la proliferación de grupos criminales; la protección al patrimonio de familias y comercios, sobre todo pequeños comerciantes y trabajadores; la atención a grupos vulnerables; la eficacia de la Fiscalía al contar con un tipo penal específico; y la prevención del asentamiento de redes delictivas.
Préstamos
Guillermo Vega Guerrero afirmó que, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, el esquema “gota a gota” opera en al menos seis estados del país, donde el 57% de los casos detectados en 2023 se ubicaron en la Ciudad de México, 29% en el Estado de México y 14% en Morelos, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.
Asimismo, refirió que, de acuerdo a una investigación de enero de 2025, el 16.7% de las extorsiones denunciadas en el país el año pasado correspondieron a esta modalidad. En Querétaro, los préstamos de este tipo oscilan entre mil y 200 mil pesos, aunque la mayoría van de mil a 50 mil, con tasas de interés que van desde el 20% al 50% mensual, lo que atrapa a los deudores en un ciclo de pagos solo a intereses, sin reducir el capital.
La bancada panista recordó que este sistema de crédito ilegal tiene antecedentes en Sudamérica, particularmente en Colombia, donde ha sido utilizado por grupos criminales para lavar dinero y financiar actividades ilícitas y aseguraron que, de aprobarse en Querétaro, la entidad sería pionera en el país al establecer esta figura jurídica para evitar que el fenómeno crezca.