Pese a que aún hay amparos no resueltos en contra del proyecto del parque “La Queretana”, han comenzado los trabajos de construcción de este en una zona que el actual alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, afirmó que revertiría en uso de suelo a la conservación de la naturaleza.
La polémica por el Parque “La Queretana” en la capital del estado surgió desde hace varios años debido a la incertidumbre de que el Parque Intraurbano Jurica fuera utilizado para centros poblacionales.
Cambio de uso de suelo
De acuerdo a los antecedentes, el Área Natural Protegida (ANP) Jurica Poniente fue declarada como tal el 16 de marzo de 2007 y comprendía 224.1 hectáreas. Sin embargo, a mediados del 2018, durante el trienio de Marcos Aguilar como alcalde de Querétaro, se realizaron los cambios de uso de suelo de las parcelas 41 y 42 del Ejido Jurica, parte del área nacional protegida y donde se pretende hacer el Parque “La Queretana”, que tendrá una extensión de 180 hectáreas.
El cambio de uso de suelo ocasionó molestias entre ambientalistas que señalaban que con la modificación se abría la puerta para crear desarrollos inmobiliarios en la zona teniendo un impacto negativo en todo el ecosistema del ANP.
Espacio en disputa
De igual forma, al iniciar el primer trienio de Luis Nava en el municipio de Querétaro, se prometió que serían revertidos; sin embargo, el ajuste no se ha realizado. Estos cambios de uso de suelo también tienen en su contra un juicio de amparo por parte de ambientalistas que no se ha resuelto todavía.
Opacidad
A esto se le suma la falta de transparencia y opacidad con que la actual administración ha tratado el tema, ya que no ha dado a conocer los pormenores del proyecto a profundidad y se ha limitado a asegurar que el área natural no sufrirá daños y han subrayado que al final serán benéficos para el área y para la ciudad.
Los trabajos en el área comenzaron desde finales del año pasado, lo que provocó denuncias de devastación de árboles, flora y fauna, asimismo en la Sesión de Cabildo del pasado martes 9 de enero fue aprobado el acuerdo que autoriza solicitar al gobierno estatal la expropiación del predio.