A dos años de la represión policial del 10 de junio en 5 de Febrero contra manifestantes en Querétaro, activistas buscarían que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revise la recomendación realizada por la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), comunicó Perla Lilian, de la Red en Defensa del Agua y la Vida (Redavi).
Protestas y enfoques
La represión policial se dio durante la manifestación que diversos activistas y organizaciones realizaron en dicha avenida en contra de Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro por considerarla privatizadora del recurso: La policía estatal golpeó y detuvo a los manifestantes, incluidos adultos mayores y mujeres.
Lilian explicó que la recomendación sólo sugirió la creación de un protocolo para la policía en protestas, sin abordar las violaciones de derechos humanos en este acto; por lo que solicitarían la revisión tomando como referencia la recomendación emitida por la CNDH, pero en el caso de represión de Escolásticas, en Pedro Escobedo, que se dio a causa de la apropiación de un área de manantiales ejidal por parte de un particular. “Como sabemos que los derechos humanos no tienen vigencia hemos estado pensando en la estrategia de poder solicitar a la CNDH que revise precisamente las recomendaciones que emitió la defensoría”, comentó.
Unión ciudadana
Destacó que seguirán buscando que esta represión quede impune y que además quede como antecedente ante posibles nuevas represiones que puedan ocurrir en el estado. En este sentido, recordó que se además de la Redavi, el Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, el comité de acompañamiento de Escolásticas y Comida No Bombas se han unido para educarse en derechos humanos y fortalecer la lucha, así como monitorear posibles represiones de derechos humanos en la entidad.
Perspectiva
Así mismo, enfatizó que, aunque no confían en ninguna fuerza política, saben que las coyunturas donde se enfatiza las diferencias entre gobiernos o representantes de partidos pueden ayudar a mejorar las condiciones de la ciudadanía, en este caso con el cambio dentro de la Legislatura local, podría derogarse por completo la ley y reconocerse la autonomía en la regulación y gestión del agua, especialmente en comunidades organizadas.