Aunque hay más de 100 testimonios de mujeres que denunciaron acoso y hostigamiento sexual en contra del juez federal Herminio “N”, el Tribunal de Disciplina únicamente le otorgó una condena de un año de inhabilitación fuera de su cargo.
Margarita Garzón, exsecretaria del Juzgado XII de Distrito del Estado de Sonora, dijo que las pruebas fueron manipuladas para que el juez obtuviera una condena menor, además de que señaló a la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya, como la responsable de favorecer en dicha resolución y de proteger al juez.
Comentó que el juez fue responsable de ejercer violencia sexual en contra de mujeres servidoras públicas, aunque al final el caso se resolvió por hostigamiento laboral, hostigamiento sexual grave y violencia de género cuando ejerció su cargo en dos órganos jurisdiccionales: en Hermosillo, Sonora, y en el estado de Querétaro.
«Solamente condenan por un año al juez denunciado que de hecho estaba en Querétaro por hostigamiento sexual grave contra cinco servidoras públicas, cuando somos más. Y obviamente solamente se le impone una condena de un año. Este asunto está relacionado con otros dos jueces más que también fueron suspendidos en Querétaro. Y estos otros dos jueces suspendidos en Querétaro, que casualmente uno de ellos fue resuelto antes de que se extinguiera el Consejo de la Judicatura Federal, teniendo solo dos víctimas, tiene cinco años de inhabilitación. Y en este asunto, que somos muchísimas más mujeres violentadas donde hay delitos sexuales, solamente se le impuso un año y, convenientemente, como le digo, las pruebas fueron manipuladas de tal manera que trataban de hacerlo ver como que no era tan malo el señor», destacó Margarita Garzón.
Con la resolución, comentó que hay preocupación, ya que puede volver a ocupar un cargo, además de que ha demostrado su interés para ser juez en el 2027. La integrante del colectivo “Las Temis, Luchando Juntas”, Marlene Martín Rico, comentó que ocurre en diversas instancias; sin embargo, se recrudece cuando ocurre en dependencias públicas en donde se deben defender los derechos de las mujeres.