Romero comentó que la Ley de reglamentación de la concesión es inconstitucional porque violenta el derecho humano al agua y tratados internacionales
Se le entregó una solicitud a la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQ) para que le pida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revisé la Ley que Regula el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro y la declaré como inconstitucional, explicó Bernardo Romero, coordinador del Centro de Derechos Humanos “Fray Jacobo Daciano” A.C., quién promovió el documento.
«La Constitución y las Leyes reglamentarias prevén que las oficinas que son órganos constitucionales autónomos como la Defensoría de Derechos Humanos en Querétaro y la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueden interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este caso por una norma que viola la Constitución, lo que hacen estos órganos es solicitar a la corte que revise la norma en esta caso sería la ley que legitima la privatización del agua en Querétaro, que ya se estaba haciendo, estos órganos solicitan a la corte que revise este norma y en caso de que sea el resultado de la indagatoria de la corte, que declare la inconstitucionalidad de esta norma», puntualizó Bernardo Romero Vázquez.
Romero comentó que la Ley de reglamentación de la concesión es inconstitucional porque violenta el derecho humano al agua y tratados internacionales; recordar que otros defensores del agua apuntaron que hay poco contenido sobre ese derecho en el proyecto trabajado por diputados de Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente.
Cómo también que no se hicieron los Parlamentos Abiertos y el foro que se realizó por la Comisión de Obras Públicas presidida por Germaín Garfias, solo fue una simulación, ya que tampoco escucharon a las especialistas que los invitaron a realizar los parlamentos abiertos.
“Si esta Defensoría, presidida por Javier Rascado, no ejerce esta facultad de solicitar a la Suprema Corte, pareciera que no le interesa proteger los derechos humanos de las personas. Y se verá de qué lado está el presidente de la dependencia”, reflexionó Bernardo Romero.