Hasta el momento se han clausurado 9 establecimientos con venta de alcohol en el municipio de Ezequiel Montes, informó el presidente Iván Reséndiz Ramírez, quien reiteró que los comercios tienen hasta el 31 de marzo de 2025 para regularizarse.
Reséndiz Ramírez destacó que los operativos se han centrado en establecimientos que presentan riesgos, como aquellos donde se ha detectado la presencia de menores de edad o el consumo de sustancias tóxicas, y que no cuentan con licencia de alcohol. “Estamos realizando operativos, pero de manera limitada, enfocándonos en las áreas que consideramos problemáticas o en aquellos establecimientos que han recibido reportes de seguridad», indicó.
Regulación
El presidente municipal aseguró que han mantenido un diálogo abierto para facilitar el proceso de regularización. En colaboración con la Secretaría de Gobierno se llevó a cabo en días pasados una jornada para gestionar las licencias de alcohol y con ello facilitar el trámite para los comerciantes, dijo. Además, adelantó que, a partir del próximo año, el gobierno municipal gestionará los trámites correspondientes para la entrega de licencias de funcionamiento.
“La licencia de funcionamiento la vamos a facilitar para el siguiente año, no se les va pedir predial ni se les va pedir constancia de situación fiscal, porque es algo que la ley no nos lo pide a nosotros por obligación realizarlo, nosotros no somos autoridad fiscal, ni existen los reglamentos, el que le tengamos que exigir el tema predial. Lo vamos a hacer conforme lo establece la Ley de Hacienda a los Municipios. Busquemos una estrategia de diálogo, de concertación con los ciudadanos y buscamos una estrategia de ser estrictos con aquellos establecimientos que representan un riesgo a la seguridad de nuestros ciudadanos”, afirmó Iván Reséndiz Ramírez.
“Estas acciones han permitido que varios establecimientos se estén alineando a las regulaciones. Aunque algunos no han estado operando de manera incorrecta, están entendiendo que no seremos tolerantes con actividades que puedan poner en riesgo a la ciudadanía”, concluyó Reséndiz Ramírez.