La Comisión de Salud en el Congreso del Estado de Querétaro preparan una iniciativa de ley para regular y sancionar a los centros de rehabilitación en Querétaro, informó la presidenta de la Comisión, Verónica Galicia.
La legisladora destacó la falta de un marco jurídico claro que permita supervisar, sancionar o proteger a estas instituciones en la entidad, por lo que señaló que el objetivo de la iniciativa es establecer reglas claras y responsabilidades para los centros, brindándoles seguridad jurídica. Aclaró que la propuesta no busca el cierre de estos espacios, sino garantizar que operen bajo estándares que brinden tranquilidad a las familias queretanas sobre la seguridad y legalidad de los lugares donde internan a sus familiares.
CECA
Agregó que otro de los puntos clave que se analiza es la posible descentralización del Centro Estatal Contra las Adicciones (CECA), el cual actualmente pertenece a la Secretaría de Salud; sin embargo, carece este de facultades jurídicas para sancionar a los centros que incumplen con las normas.
“No hay un ente jurídico sancionador porque el CECA pertenece a la Secretaría de Salud, no tiene esa facultad, y sería muy necesario poder, quizás en un futuro, poder descentralizar el CECA y que esta ley les pueda funcionar a ellos; independientemente de dar las armas para que estos centros trabajen, también son las armas para que la sociedad queretana esté tranquila, de que son lugares que están bien establecidos, bien reglamentados y que están de alguna manera autorizados”, destacó la diputada local.
Verónica Galicia aclaró que con la descentralización del CECA se buscará dotar al centro de autonomía y de un área jurídica propia para implementar un reglamento específico para el sector; contar con un ente sancionador directo, evitando que la vigilancia dependa únicamente de instancias como Protección Civil; y crear un padrón estatal que identifique tanto a los centros establecidos como a los que operan de manera clandestina.
Preparación
La legisladora subrayó que la iniciativa se está construyendo a través de mesas de trabajo y foros con los propios dueños de los centros de rehabilitación, con el fin de que la ley sea una herramienta útil y no una imposición; proceso en el que participan también la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud y la Defensoría de los Derechos Humanos.
Respecto a los métodos de rehabilitación, aclaró que no se pretende homologar un solo sistema de tratamiento, respetando la diversidad de enfoques (desde los médicos y psicológicos hasta los de autoayuda o religiosos); sin embargo, sí se exigirá un estándar común en temas de infraestructura y, sobre todo, el estricto respeto a los derechos humanos. Finalmente dijo que, aunque se estima que existen cerca de 70 centros de rehabilitación en el estado, el reto principal será regularizar aquellos que operan en la clandestinidad y que representan un riesgo real para los usuarios.
