Las presidencias de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 y de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro anunciaron que en marzo será presentada una iniciativa de Ley Estatal de Aguas con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua y asegurar la sostenibilidad hídrica en la entidad.
Eric Silva, diputado de Morena, detalló que la propuesta surge tras cinco meses de mesas de trabajo abiertas realizadas en conjunto con colectivos, activistas y organizaciones de la sociedad civil, para recoger las demandas de comunidades rurales como urbanas, con la intención de construir un marco jurídico que coloque el acceso al agua como prioridad de política pública.
Derecho exigible
Entre los propósitos fundamentales de la iniciativa se encuentra el reconocimiento del acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos plenamente exigibles, para lo que se plantea establecer mecanismos de cumplimiento y monitoreo, así como un mínimo vital de 100 litros diarios por persona, independientemente de su capacidad de pago.
“El sentir ciudadano, el llevar las propuestas colectivas, es decir, el servicio aquí en Querétaro, la tarifa del agua cuánto cuesta, el tema de no tener el acceso al agua como un derecho humano, es decir, dejan de pagar el recibo y van y te la cortan cuando eso teóricamente no debería suceder. No tenemos una legislación que defienda los cuerpos de agua actualmente, no tenemos una legislación que procure, que nos sirva, para recarga de los mantos freáticos; ese tipo de cuestiones son las que al momento, al día de hoy, ni siquiera las tenemos”, afirmó el diputado Eric Silva.
Gestión
El proyecto también busca transformar el modelo de gestión hídrica estatal hacia uno más sostenible y participativo; por lo que propone la protección de cuencas, acuíferos y zonas de recarga mediante planes de manejo específicos y límites a la urbanización en áreas de riesgo, además de fortalecer los procesos naturales de recarga.
En materia social, la iniciativa pretende garantizar tarifas justas y accesibles, particularmente para poblaciones vulnerables, y crear una Contraloría Social del Agua con autonomía y facultades de supervisión. También se buscará asegurar la calidad del agua y proteger la salud pública mediante criterios estrictos de control, sanciones por contaminación y la prohibición del uso de aguas residuales para consumo humano.
De forma complementaria, se promueve la implementación de ecotecnias y la separación de aguas grises y pluviales para su aprovechamiento regulado. Entre otras propuestas, también se busca incorporar acciones para reducir pérdidas en redes de distribución, combatir el uso irregular de concesiones y establecer un Sistema Estatal de Información del Agua que permita el monitoreo ciudadano de cuencas y acuíferos.