Foto: Legislatura Querétaro
Durante el ejercicio 2024, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro inició 45 procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de faltas graves cometidas por servidores públicos, informó el magistrado presidente Juan Pablo Rangel Contreras, en su último informe al frente del organismo.
Entre los procedimientos más delicados de 2024, destacó una decena de casos vinculados a presuntos abusos y acosos cometidos por personal docente en instituciones educativas.
Sin sanciones efectivas
Del total de procedimientos, el Tribunal emitió 23 resoluciones, de las cuales seis resultaron en sanciones administrativas; no obstante, aclaró que ninguna de ellas ha alcanzado todavía el carácter de firme, ya que los procesos aún pueden ser impugnados y revisados mediante amparo, lo que alarga su resolución definitiva, sin embargo, estimó que, para finales de 2025, estas resoluciones concluyan su etapa procesal y sean remitidas a la Contraloría del Estado para su inscripción y ejecución.
El magistrado señaló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), concentran más del 50% de las demandas de nulidad por parte de la ciudadanía ante este tribunal.
«Ellos son dos de las instituciones que a nivel estatal presentan el mayor número en demandas de juicios de nulidad, es decir, que sus actos administrativos son lo más recurridos. En este caso, las multas, las sanciones, las multas que corresponden a una situación pecuniaria de dinero», destacó Juan Pablo Rangel.
Capital
Al rendir su último informe de actividades al frente del Tribunal, Rangel Contreras indico que en el ámbito municipal, el Municipio de Querétaro encabeza la lista por número de incidencias, aunque los 18 municipios del estado han sido objeto de demandas. El magistrado anticipó que será en 2025 cuando se registre un aumento significativo de procedimientos derivados de la actividad de las nuevas administraciones municipales.
Reformas
Rangel aprovechó su informe final para reiterar la necesidad de reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente desde 2016, la cual, según explicó, presenta deficiencias graves, como la confusión entre sanciones administrativas y responsabilidades penales, lo que genera solapamientos en la actuación de tribunales y fiscalías.
En este sentido, explicó que esta situación no permite definir a qué institución le corresponde lo administrativo y cuál lo penal, lo que ocasiona duplicidad de sanciones o incertidumbre sobre a quién le toca resolver.
Finalmente, expresó que el Tribunal de Justicia Administrativa seguirá enfrentando retos importantes, especialmente en temas de responsabilidad pública y garantizó que los procesos están en marcha y sujetos a revisión por instancias federales.