Más de un centenar de personas defraudadas provenientes de Pedro Escobedo, San Juan del Río y Huimilpan denunciaron que, tras más de seis años de haber sido víctimas de un fraude superior a los $30 millones de pesos por parte de la Integradora Independencia Sociedad Cooperativa, la entidad financiera continúa operando y no han recibido respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado ni del Poder Judicial.
Acompañados por el diputado local de Morena, Eric Silva Hernández, los afectados ingresaron un exhorto ante el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para que se les dé una respuesta clara ante su denuncia, la cual continúa sin judicialización y sin certezas.
“Para pedirle a la autoridad, en este caso la Fiscalía del Estado, que tenga a bien llevar a cabo todas las investigaciones, pero que ya haya una solución. Resulta que desde el año 2019, una Caja Popular llevó a cabo un fraude, defraudó a todas estas personas, quienes desde el año 2019 han sido afectadas. Ya estamos prácticamente a más de 6 años, casi 7, y aún no les han dado una solución, no les han dado una explicación y lo más grave de todo el asunto es que ni siquiera vemos algún avance; no ha habido detenidos, la carpeta no ha sido judicializada y lo más importante es que ellos no tienen la certeza de en qué estado se encuentra su denuncia”, informó Eric Silva.
Denuncias activas
Precisó que en total existen más de 168 denuncias activas, aunque el número real sería mayor, pues algunos afectados no han iniciado un proceso formal, además de que existen víctimas en otros municipios. Rufina Granados, afectada y representante de otras dos personas, relató que una mujer de 87 años, con esquizofrenia paranoide, hipertensión, diabetes y sordera, cayó en depresión tras perder sus ahorros de 25 años de trabajo.
Los afectados acusaron al Poder Judicial de mantenerlos en un “juego de gato y ratón”, debido a decisiones contradictorias entre jueces. En este sentido, detallaron que el juez Baltazar García Martínez rechazó judicializar el caso por la vía penal y sugirió que era un asunto civil, mientras que en 2022 un juez civil determinó que el caso no era civil, sino penal.
Cifras
De acuerdo con el grupo de Huimilpan, solo en ese municipio el fraude rebasa los $30 millones de pesos, y calculan que el monto global supera los $100 millones. Además del exhorto, legisladores de Morena adelantaron que solicitarán la comparecencia del fiscal del estado, al considerar que existen fallas estructurales en la procuración de justicia.
Sostuvieron que mientras los clientes morosos son embargados de inmediato, los operadores del fraude caminan “como si nada” e incluso sus familiares han sido postulados a cargos de elección popular.
