Padres y madres de familia e integrantes del Frente Observador de Servidores Públicos se manifestaron contra la justicia familiar en Querétaro, ya que acusan corrupción y conflicto de interés en jueces y autoridades responsables de casos de menores. Denunciaron que más de 200 expedientes presentan irregularidades sin ser atendidos.
Justicia parcial
Exigieron la destitución de la jueza María Guadalupe Luján Molina y del procurador Manuel Hernández Rodríguez, a quien señalan de ser parciales en los juicios. Marisa Munguía, del Frente, explicó que la impartición de justicia en el estado está en crisis, ya que llevan varios años denunciando estas irregularidades. Asimismo, dijo que solo los juzgados 1 y 11 de lo familiar funcionan adecuadamente.
«Desde hace más de 3 años, en el poder judicial de Querétaro hay una crisis judicial, desde hace mucho tiempo lo hemos venido diciendo, hemos venido presentado quejas y denuncias, pero, como infortunadamente la propia administración se procuran entre ellos mismos, hay denuncias y quejas que nos prosperan. Sin embargo, es increíble que en el poder judicial del estado de Querétaro en materia familiar, de 12 juzgados nada más nos solucionan dos: el 11 y el 1, hasta ahí, son de los que menos recibimos quejas», afirmó María Guadalupe Luján Molina.
Antecedente
Por su parte, Arturo Campos, vicepresidente del Frente, recordó que Hernández fue denunciado en 2018 por un caso de conflicto de interés, pero posteriormente fue nombrado procurador en la actual administración.
«La indiscreción de publicar una foto donde asiste a la fiesta de la boda de la hija de los contrarios de mi ex, lo publicó y fue como nos dimos cuenta que tiene una relación con estos licenciados, y se hizo la denuncia y lo destituyeron como subprocurador en 2018. Pero, ahora es premiado años después en esta administración de Mauricio Kuri como procurador», afirmó Arturo Campos.
Negligencia
Los manifestantes también denunciaron casos específicos de negligencia, como el de Andrea Ramírez, quien afirmó que la Fiscalía retuvo a sus hijos sin pruebas ni seguir protocolos adecuados. Acusó que el procurador que revisa su caso es abogado del padre de los menores, lo que pone en duda la imparcialidad del proceso.
Finalmente, pidieron que Braulio Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia, los atienda, destituya a estos funcionarios y resuelva las irregularidades de todos los casos.