Querétaro se posiciona en el cuarto lugar a nivel nacional en cuanto a prevalencia e incidencia delictiva, con una tasa de 27 mil 735 víctimas y 40 mil 755 delitos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024. Este dato lo coloca detrás del Estado de México, Aguascalientes y Ciudad de México, las tres entidades con los índices más altos.
Casi 250 mil hogares
La encuesta, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y geografía (Inegi), estima que el 32.8% de los hogares queretanos fue víctima de algún delito durante 2023, lo que equivale a 242 mil 860 hogares afectados. Entre los principales delitos reportados se incluyen el robo en calle o transporte público, fraude y extorsión. Además, se registró que el 21.3% de los casos donde la víctima estuvo presente implicó algún tipo de agresión física.
No-denunciados
Otro dato es el de la cifra negra, que representa el porcentaje de delitos que no son denunciados. En Querétaro, el 92.7% de los delitos no fue denunciado o no derivó en la apertura de una carpeta de investigación. A pesar de que el 9.9% de los delitos sí fue denunciado, solo en el 74.3% de esos casos se inició una carpeta de investigación.
En términos de percepción de inseguridad, el 63% de la población considera que la inseguridad es el principal problema que afecta a la entidad, seguido por la escasez de agua con un 40.7%. Además, el 40.9% de los habitantes de Querétaro reporta sentirse inseguro en su colonia o localidad, mientras que el 69.1% manifestó sentir temor al utilizar cajeros automáticos en la vía pública.
Saldo
El costo total derivado de la inseguridad y los delitos en Querétaro alcanzó los $8 mil millones de pesos en 2023; lo que representa un promedio de $8 mil 600 pesos por persona afectada. Estos costos incluyen gastos por daños económicos, pérdidas emocionales y psicológicas, así como los gastos derivados de medidas preventivas implementadas por los hogares.
La Envipe también reflejó los niveles de confianza en las autoridades: el 84.7% de la población confía en la Marina, mientras que el 60.9% considera que los jueces son corruptos; lo que señala una gran brecha en la percepción pública sobre las instituciones de seguridad y justicia.