FOTO. Ángel Rodríguez|
En suma, dijo, hubo reasignación de recursos para igualdad sustantiva con el propósito de destinarlos al pago de pensión a personas adultas mayores y el programa Sembrando Vida
El recorte de hasta 75% del presupuesto federal para los programas de atención a víctimas de violencia de género en Querétaro preocupa a activistas, pues precariza el apoyo gubernamental en los tres niveles, pese a que el Estado figura entre los primeros lugares por delitos que lesionan la integridad de las mujeres, lamentó la activista Maricruz Ocampo Guerrero.
Las políticas implementadas por el Gobierno de México, usadas para evitar el manejo de recursos públicos a través de organizaciones de la sociedad civil, dejó imposibilitadas a estas agrupaciones para dar acompañamiento a las víctimas de violencia de género, señaló Maricruz Ocampo.
En suma, dijo, hubo reasignación de recursos para igualdad sustantiva con el propósito de destinarlos al pago de pensión a personas adultas mayores y el programa Sembrando Vida. En este sentido, señaló que integrantes de diversas organizaciones en el país expresaron su preocupación por esta nueva medida, que implica recortes a la Secretaría de Salud y que afecta diversos programas de atención a mujeres víctimas de violencia de género, como el apoyo para la interrupción del embarazo a víctimas de violación.
«Que están relacionados con el tema de atención a la violencia dentro de las instituciones de seguridad pública del gobierno federal, pues están enfocadas en varias cosas como el aborto de mujeres que han vivido violación, eso que es importantísimo que se tiene que tener para que puedan tener estas interrupciones de embarazo seguro que tiene derecho», sostuvo Maricruz Ocampo Guerrero.
El reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que, durante el primer cuatrimestre del año, Querétaro ocupó la sexta posición por lesiones dolosas causadas a mujeres, con hasta 618 denuncias generadas por este delito y tiene la tasa más elevada a nivel nacional por presuntos delitos de violencia de género en modalidades distintas a la violencia familiar.