Ciudadanos afectados por distintos desarrollos inmobiliarios en Querétaro nuevamente denunciaron ante el Congreso del Estado los fraudes de los que han sido víctimas al haber adquirido predios en preventa que, en muchos casos, a una década de distancia, no les han sido entregados.
Acompañados por la diputada local Rosalba Vázquez Munguía, de Morena, los afectados, integrantes del colectivo “Grupo contra los defraudadores inmobiliarios y sus protectores”, acusaron a varias inmobiliarias y desarrolladores de incumplir contratos, comercializar terrenos sin permisos y mantener a cientos de familias en la incertidumbre legal y patrimonial, mientras las autoridades han sido omisas o cómplices. Los inconformes señalaron que no es un caso aislado, sino una problemática social creciente en el estado derivada del acelerado desarrollo urbano y la falta de regulación efectiva.
«Nosotros somos un grupo de personas contra los defraudadores inmobiliarios y sus protectores, quienes hemos sido víctimas de los grandes desarrolladores inmobiliarios, que, aprovechándose del gran desarrollo económico que ha presentado el estado de Querétaro en los últimos años, han diseñado de forma planeada y protegida por las instituciones que deberían resguardar el bienestar del ciudadano un modelo de negocio, basado en el engaño continuo, enfocado en despojar a las familias y a los individuos, no solo de su patrimonio, sino también de los sueños que han depositado en los compromisos de pseudoempresarios sin escrúpulos», destacó.
Inmobiliarias
Entre los desarrollos señalados se encuentran El Roble, Quercus, El Encino, Valle del Cimatario, Tierra Noble, Portoblanco Cimatario y Campestre del Lago, entre otros. Los afectados aseguran que muchos de estos proyectos se lanzaron al mercado desde hace más de 8 o 9 años, pero no cuentan con avances significativos de urbanización, ni con servicios básicos como agua, luz, drenaje o vialidades.
Obra abandonada
Uno de los casos más representativos es el de El Roble Residencial & Golf, donde se vendieron más de 7 mil lotes desde 2017 y, pese a haber contado con un evento público de arranque con presencia de funcionarios de los tres niveles de gobierno, a la fecha no hay avances de obra, y el municipio de Colón ha confirmado que el proyecto sigue en “fase cero” de tramitología.
De igual forma, detallaron el caso de fraccionamientos Tierra Noble, donde los denunciantes informaron que, desde 2020, han presentado más de un centenar de denuncias que han sido integradas en siete carpetas de investigación por montos que en suma superan los 16 millones de pesos, ante la Fiscalía de Querétaro, especialmente en la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, pero las investigaciones no han avanzado y no se han judicializado las carpetas.
Reforma
El colectivo exigió al Congreso del Estado impulsar una reforma legal que reconozca al fraude inmobiliario como un delito autónomo, separado del fraude genérico, con sanciones más severas y mecanismos claros para proteger a los consumidores. También criticaron la falta de seguimiento institucional al cambio de uso de suelo, lo que, aseguran, permite que las desarrolladoras vendan terrenos sin cumplir con la legalidad.