Javier Rascado, titular de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), consideró que la ley y los acuerdos respecto al uso de dispositivos electrónicos al interior de las escuelas no buscan prohibir los teléfonos, sino establecer un control con el fin de proteger a los menores. Además, aseguró que la efectividad de la medida dependerá de su implementación en cada institución educativa.
Explicó que estos lineamientos forman parte de una estrategia de protección para niñas, niños y adolescentes, pero que su correcta aplicación será clave para evitar posibles afectaciones a derechos. Destacó que, aunque la Defensoría votó a favor de los lineamientos, estarán atentos a su implementación para determinar si en algún caso se vulneran derechos fundamentales.
«Estos lineamientos son de manera general y lo que establecen en es un control, hoy en día no es una prohibición, es un control que se hace, pero, cuya finalidad es proteger y avanzar en los derechos de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido los veo bien, creo que todas las políticas públicas y todas las acciones que se encaminen a garantizar la integridad y la dignidad de todos nuestras niñas, niños y adolescentes siempre serán bienvenidas. Lo que tenemos que ver es la implementación, las políticas públicas por sí mismas en su diseño son bienvenidas, nosotros como institución estaremos atentos a la implementación y analizando los casos concretos poder determinar si existe alguna violación», afirmó Javier Rascado.
No respaldado por la ley
Rascado también subrayó que no se trata de una ley, sino de acuerdos dentro del sistema educativo; por lo que cada institución tendrá autonomía para definir su aplicación. Ante la posibilidad de que estudiantes o padres presenten quejas por la regulación, señaló que la Defensoría no puede anticipar si habrá denuncias, pero estará abierta a recibirlas y analizar cada caso.
Respecto a que la Red por los Derechos de la Infancia en México, cuestionó la viabilidad de la medida, ya que consideró que prohibir no es efectivo y que sería más útil enseñar a los menores el uso responsable de la tecnología. Reiteró que todas las acciones encaminadas a garantizar la dignidad y los derechos de los menores son bienvenidas, siempre que se apliquen sin vulneraciones a sus garantías fundamentales.