El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Javier Rascado Pérez, informó que el 2024 ha sido un año histórico en cuanto a la emisión de recomendaciones, superando en número el acumulado de administraciones anteriores, siendo las corporaciones de seguridad, los servicios de salud en el estado y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), donde se concentra la mayoría de las quejas.
Al rendir su tercer informe al frente de la DDHQ, presentó ante la LXI Legislatura su informe anual de actividades en el que detalló que la Defensoría resolvió 345 quejas, logrando 96 conciliaciones que permitieron resarcir los derechos de las personas afectadas en casos no graves y representan una herramienta clave para cerrar procedimientos sin necesidad de emitir recomendaciones formales.
“El uso indebido de la fuerza, podría ser lo que más se señala. Recordar que, en muchas ocasiones, las personas llegan con la pretensión de que hubo una violación a derechos humanos e inician la queja, pero, no necesariamente resulta de esa manera. En salud también, falta de atención, una atención inmediata, atención adecuada”, manifestó Javier Rascado Pérez.
Capacitaciones e iniciativas
Javier Rascado informó también que la DDHQ mantiene un programa permanente de capacitaciones dirigido a corporaciones de seguridad y otras autoridades que interactúan frecuentemente con la ciudadanía; no obstante, reconoció que, pese a estos esfuerzos, «las instituciones son dirigidas por personas, y la capacitación no siempre evita que se cometan actos violatorios».
En el ámbito legislativo, Rascado Pérez destacó la reciente presentación de una iniciativa de Identidad de Género, en colaboración con el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico y colectivos locales y adelantó que aún se trabaja en otras propuestas.
Finalmente, el presidente de la Defensoría informó que se realizaron de 5 mil 961 acciones concretas en materia de derechos humanos, la emisión de 11 recomendaciones y ocho medidas cautelares preventivas, principalmente contra centros de detención, así como 74 dictámenes periciales.