Se realizó el Foro Científico Ciudadano respecto al proyecto hídrico sistema El Batán, en donde científicos especialistas abordaron diversas inquietudes sobre el mismo, tales como su viabilidad, transparencia, efectos en la salud y el medio ambiente, así como las implicaciones financieras y otras alternativas al proyecto. El evento fue convocado por más de 24 colectivos ciudadanos y organizaciones académicas, y se llevó a cabo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Sin garantías
En el eje temático sobre calidad del agua, especialistas coincidieron en que el proyecto carece de sustento normativo para el reúso de aguas residuales con fines de consumo humano. Señalaron que la actual normatividad mexicana no contempla este tipo de uso y que las normas vigentes no garantizan la eliminación de contaminantes emergentes como fármacos, metales pesados o microplásticos.
Sin condiciones
Indicaron que la presa El Batán no ofrece las condiciones físicas ni ambientales para un proceso de reúso indirecto como ocurre en modelos internacionales; lo que representa un riesgo sanitario no evaluado. En el panel sobre financiamiento y participación privada, se explicó que el proyecto se plantea como una Asociación Público-Privada (APP) por un periodo de 30 años, en la cual una empresa operará la infraestructura, tratará el agua y la entregará en bloque a la Comisión Estatal de Aguas (CEA).
Sin regulación a empresa
La inversión total asciende a más de $35 mil millones de pesos, y el contrato no establece penalizaciones claras ni mecanismos efectivos de supervisión o rendición de cuentas. Se advirtió que este modelo genera dependencia tecnológica y operativa, y que el Estado seguiría asumiendo responsabilidades sin tener control sobre el proceso.
Analistas financieros plantearon que el gobierno estatal tiene capacidad de financiar la obra con recursos propios mediante deuda pública, lo que permitiría mantener el control sobre la infraestructura y evitar el pago de utilidades a operadores privados.
Agua inadecuada
En el eje de viabilidad técnica y vigilancia social, se documentó que la mayoría de las plantas de tratamiento de aguas residuales en Querétaro no cumplen con estándares suficientes para producir agua que pueda ser potabilizada. Se señaló que la infraestructura existente fue diseñada para riego agrícola, no para reúso doméstico. También se indicó que el proyecto no ha considerado adecuadamente los costos energéticos ni los residuos secundarios que se generarían en el proceso de tratamiento avanzado. Los especialistas advirtieron que el proyecto fue diseñado sin una evaluación ambiental estratégica y sin mecanismos de vigilancia ciudadana, y que se desconoce a qué sectores o municipios se destinaría el agua tratada.
Derecho humano
Se destacó que el modelo propuesto no garantiza el cumplimiento del derecho humano al agua, que no solo implica acceso físico, sino también calidad sanitaria, disponibilidad suficiente, asequibilidad económica, sostenibilidad de la fuente y participación pública informada. Se advirtió que cualquier esquema de gestión debe priorizar el uso humano directo sobre otros sectores, y asegurar que las decisiones técnicas y presupuestales no comprometan la salud de las personas ni debiliten la capacidad institucional del Estado.
«En calidad, que esté libre de sustancias que puedan ser un riesgo, sobre todo a la salud. Son los principales cuestionamientos que hemos encontrado respecto a los anexos técnicos que se han presentado y respecto a las dudas ciudadanas. También podemos ver la necesidad de la aceptabilidad: es decir, que haya aceptación social de las condiciones, accesibilidad física, pero también accesibilidad económica», señaló la doctora Clara Tinoco.
Gestionar el agua
Durante el panel sobre alternativas, académicos propusieron una gestión integral del agua basada en la reducción de fugas, modernización de redes hidráulicas, fortalecimiento de laboratorios de análisis y reúso del agua para fines agrícolas o industriales y coincidieron en que la reutilización directa para consumo humano no debe plantearse como primera opción sin que exista normativa, infraestructura ni monitoreo adecuados.
Se planteó la necesidad de un plan de transición gradual, con proyectos piloto, evaluación de riesgos, generación de datos públicos y participación técnica multidisciplinaria. Finalmente insistieron en que el proyecto El Batán no resuelve las causas estructurales de la crisis hídrica y que puede agravarla al canalizar recursos públicos a un modelo incierto, tecnológicamente riesgoso y socialmente opaco.