Se realizó la audiencia pública respecto al proyecto hídrico Sistema El Batán, donde representantes de organizaciones ciudadanas plantearon cuestionamientos técnicos, financieros, ambientales y sociales ante autoridades estatales.
Objeciones
Mar Marín, del colectivo Netas Ciudadanas, afirmó que el proyecto carece de un diagnóstico integral confiable y que no se construyó con participación ciudadana real. Por su parte Francisco Landa, representante del colectivo Agüita, Vida y Territorio, advirtió que el proyecto implica riesgos para la salud por la falta de una norma oficial específica para el tipo de tratamiento propuesto, así como por el uso de tecnología no probada en México y sin fases de pilotaje, también cuestionó que se pretenda justificar el proyecto con base en referencias internacionales que no son equiparables al contexto local.
Mientras que Daniela Urbiola, de Justicia Digna, denunció que el modelo de asociación público-privada representa un sobrecosto que llevaría el gasto estatal a más de $41 mil millones de pesos en 30 años, frente a un costo real de obra de $11 mil millones. Señaló que el privado solo aportaría una fracción del capital y contrataría deuda que sería pagada indirectamente por el gobierno mediante anualidades fijas, aun si el sistema no cumpliera. Además, criticó que el proyecto garantiza utilidades a la empresa privada, pero no establece con claridad qué pasará si el sistema falla o entrega agua contaminada.
Réplicas sin evidencias
Por su parte las autoridades presentes reconocieron que el proyecto aún no está terminado y que es perfectible. Arturo Ceballos, director del proyecto, explicó que el documento enviado al Congreso es de carácter jurídico-financiero y es por esto que muchos de los cuestionamientos en materia técnica no están, ya que los mismos serán desarrollados por el concesionario, si el proyecto se aprueba.
Además, afirmó que sí se contemplan caracterización del agua, pruebas piloto, monitoreo en tiempo real e instalación de un laboratorio operado por la Comisión Estatal de Aguas (CEA), aunque no están dentro de los documentos enviados al Congreso. En este sentido, aseguró que, si el operador no entrega agua con la calidad requerida, no se le pagará y el gobierno podrá actuar para revertir el contrato, aunque tampoco se estipula en el documento.
Sin diagnóstico
En este sentido Ricardo Torres, subsecretario de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), señaló que es viable realizar un diagnóstico hídrico integral con apoyo de la academia y se mostró a favor de desarrollar pruebas piloto con supervisión científica. Mientras que Lucero Durán, secretaria técnica de la Secretaría de Finanzas, sostuvo que la APP fue la opción seleccionada tras descartar otras alternativas, debido a restricciones legales y presupuestales para endeudar al Estado, asimismo aseguró que el modelo garantiza viabilidad financiera sin comprometer la calificación crediticia de Querétaro.
Solicitan estudios y pruebas
Durante la audiencia, las organizaciones solicitaron la realización de un estudio integral comparativo con otras alternativas; un plan de restauración ecológica con participación ciudadana; una estrategia para reducción de fugas y consumo; un modelo de intercambio de aguas que destine el agua tratada a la industria y conserve el agua de pozo para consumo humano.
Así como una prueba piloto completa antes de ejecutar el proyecto y un esquema financiero sin intermediarios privados; asimismo solicitaron la creación de un laboratorio estatal de calidad del agua con la conformación de una contraloría social independiente. También solicitaron acceso a información pública sobre costos y proveedores del proyecto, actualmente no disponible en los anexos.
«Esperamos su respuesta en un máximo de 30 días, como marca la Ley de Participación Ciudadana , para que la ciudadanía pueda contar con los elementos de juicio comparativo respecto al Sistema El Batán, propuesto por el ejecutivo estatal frente a otras opciones, así como de las distintas modalidades en que este u otro proyecto de recuperación hídrica pueda ser realizada sin riesgo», afirmaron.
Sin garantías de calidad
Al realizar las conclusiones los colectivos insistieron en que el actual planteamiento del Sistema Batán no garantiza el derecho al agua ni la salud pública.; por lo que pidieron que sus solicitudes sean atendidas por las autoridades en un plazo máximo de 30 días.
Mientras que el secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Antonio Rangel, ante el cuestionamiento de si podrían frenar el proyecto mientras continua el diálogo con la ciudadanía, señaló que esa decisión no está en sus manos. Durante la audiencia y al finalizarla, en el exterior del recinto, se realizaron manifestaciones ciudadanas en rechazo al proyecto con consignas como No al Batan, el agua no es negocio y en contra del gobernador y la posible privatización del agua.