Varias personas corrieron a solicitar auxilió al interior del Centro Universitario, además que estaban golpeados y alterados
Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), solicitó información sobre las personas detenidas de manera arbitraria que se realizaron en el bloqueo de 5 de febrero.
Señaló que estaba por confirmarse si Roberto García Garrido, Juan Pablo Sevilla, José Armando Isidro y Roberto Antonio Garrido de Anda forman parte o no de la comunidad universitaria.
García Gasca pasó los nombres de las cuatro personas detenidas a Guadalupe Murguía, secretaria de Gobierno, para que se les notifique su ubicación y situación jurídica.
También confirmó que fueron varias personas que corrieron a solicitar auxilió al interior del Centro Universitario, además que estaban golpeados y alterados.
«Algunas personas ingresaron a la Universidad, algunas personas con crisis, algunas personas golpeadas, tenemos el reporte de algunas personas que fueron detenidas arbitrariamente, de estas personas no tenemos completa certeza, pero sí me han indicado que parece ser que alguien, alguna de ellas, al menos, es parte de la comunidad universitaria, le he hecho llegar estos nombres a la Licenciada Lupita Murguía con la intención de saber su paradero, de conocer su condición física, y desde luego, su condición legal, toda vez que se les levantó de forma arbitraria, con abuso de la fuerza pública, entonces exigimos conocer la situación de las siguientes personas: Roberto García Garrido, Juan Pablo Sevilla, José Armando Isidro y Roberto Antonio Garrido de Anda», destacó la Rectora.
Mencionó que cuándo sucedieron los hechos sostenían una reunión con integrantes de las asociaciones civiles; una de ellas fue Claudia Romero, coordinadora de Estudios Legales de la Organización Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro y vocera del Festival Agua que Corre, quien dijo que la manifestación fue pacífica en todo momento y antes de las acciones arbitrarias se realizó un evento cultural.
Agregó que cuentan con evidencia que hubo uso exclusivo de la fuerza pública y se alertó a los organismos de Derechos Humanos tanto a nivel local como a nivel nacional.
Cabe señalar que el plantón que se estaba realizando era para manifestar el rechazo a la Ley que Regula el Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento que fue probada recientemente por los diputados locales.