Blindar las campañas de 2027 no es suficiente si no se fortalece el sistema anticorrupción, dijo la presidenta estatal del PRI, Abigail Arredondo, quien señaló que, durante el 2025, el costo de la corrupción en Querétaro creció 15%.
Ante el llamado que hizo el gobernador Mauricio Kuri a los partidos políticos a presentar su 6 de 6 para blindar las elecciones contra narcocandidatos, la dirigente estatal del PRI señaló que deben fortalecerse también las administraciones de quienes llegan al poder, donde destacó que existen altos niveles de corrupción.
En este sentido, indicó que, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la corrupción por ciudadano en 2025 alcanzó los $5 mil 432 pesos, un aumento del 15% respecto al 2023, el nivel más alto en los últimos 10 años.
«Una persona, por supuesto, que puede ser candidata y llegar de manera limpia a una elección, pero corromperse fuertemente cuando ya está en el ejercicio. Es importante garantizar, como ya lo dije, la integridad de la postulación, pero es más importante garantizar la integridad en el ejercicio del cargo. Mejor vamos creando, y aquí es la invitación para las y los legisladores locales, creando un marco legal mucho más eficiente para combatir la corrupción y los probables narcogobiernos con autoridades que sean plenamente autónomas, que realmente las decisiones se tomen con autonomía. Por los tiempos, nosotros creemos que ya no es tan viable y que queramos como imponer o poner un nuevo protocolo dentro del proceso electoral, pero sí se pueden hacer estas reformas a las leyes que creo que es muy importante para combatir la corrupción y el crimen organizado. Sí a favor de todo, pero también queremos ser autocríticos», afirmó la presidenta estatal del PRI.
La dirigente priista cuestionó la imparcialidad de las instituciones encargadas de vigilar el actuar de los funcionarios públicos, al señalar la publicidad política que ha inundado el estado desde hace meses, como espectaculares y bardas, sin que hasta el momento se hayan impuesto sanciones, lo que dijo, evidencia vacíos en las leyes locales.
Por ello, consideró que la discusión sobre el blindaje electoral debe ir acompañada de una revisión integral de las normas que regulan el financiamiento, la propaganda y la actuación de los funcionarios públicos.
Además, señaló como necesario que se modifiquen los procedimientos para la designación de titulares de contralorías y fiscalías, con el objetivo de garantizar perfiles con autonomía y sin vínculos políticos, además de establecer mecanismos permanentes de vigilancia con participación ciudadana.