El Comité Transbimarikalencha denunció que el gobierno municipal de Querétaro está utilizando el Plan Orden para criminalizar a personas LGBTIAQ+, indígenas, migrantes y otros grupos vulnerables. De acuerdo con la organización, esta estrategia ha dado pie a operativos violentos y revisiones arbitrarias basadas en perfilación, en contravención de los derechos humanos.
En rueda de prensa, Dante Irrera, parte del comité, comunicó que desde la implementación del Plan Orden se ha registrado un aumento en los cateos arbitrarios bajo el argumento de la “duda razonable”, lo que permite a las autoridades realizar revisiones con base en características físicas.
Advirtieron que este modelo de “higienización social” afecta principalmente a personas indígenas, sin hogar, con padecimientos mentales y a la comunidad LGBTIAQ+, lo que consideran una práctica de persecución y discriminación.
«Desde la implementación del plan orden, se han incrementado los cateos arbitrarios, bajo el argumento de la ‘duda razonable’, esto significa que basta con presentar ciertas características físicas para ser objeto de revisiones policiales, arbitrarias en clara contradicción con las garantías individuales, ese es el legado del llamado del sistema Cosmos […] se basa en dos prácticas que sirven perfectamente a lo que parece ser el plan orden prácticas que son totalmente contrarias a los derechos humanos y que constituyen crímenes de enorme escala», afirmó Dante Irrera.
Desaparición del Inmupred
En este sentido también consideraron peligroso la desaparición del Inmupred, sustituyéndolo por un instituto que se concentra casi exclusivamente en la accesibilidad de personas con discapacidad y deja de lado otros temas.
Ley Kuri
Además, alertaron sobre la aprobación de la Ley Kuri, la cual, señalaron, podría ser utilizada para desviar la atención de la violencia infantil en Querétaro y al mismo tiempo legitimar ataques contra minorías sexuales y personas poliamorosas.
Criticaron que la narrativa en torno a esta ley ha sido manipulada por sectores conservadores para criminalizar a ciertos grupos, en lugar de abordar las verdaderas causas de los delitos sexuales contra menores.
Según el comité, las estadísticas muestran que la mayoría de los casos de violencia sexual infantil en Querétaro ocurren dentro del entorno familiar, y no en redes sociales, como sostiene la justificación de la ley. También advirtieron que esta medida podría afectar el acceso a la educación digital de niños y adolescentes, dejándolos más vulnerables frente a situaciones de abuso y violencia en sus hogares.
El Comité Transbimarikalencha exigió al gobierno municipal y estatal un enfoque de protección basado en la educación y la prevención, en lugar de medidas que, consideran, solo incrementan la persecución de grupos vulnerables en Querétaro.