Vecinos de los fraccionamientos Puerta Real y Villa del Duero, en el municipio de Corregidora, exigen ser escuchados por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, ante el juicio iniciado por la empresa Grupo Posadas Martell contra el gobierno municipal, tras la revocación del uso de suelo para la construcción de una gasolinera.
Señalaron que el conflicto inició en noviembre de 2023, cuando comenzaron los trabajos de excavación en un predio ubicado sobre Avenida Puerta Real, en el que, en ese momento, los residentes fueron informados de que se trataba de una pequeña plaza comercial.
Sin embargo, tras múltiples rumores, investigaciones vecinales y acceso a planos, se confirmó que el proyecto era, en realidad, una estación de servicio de gasolina, la cual colinda directamente con viviendas del fraccionamiento. La gasolinera no cumple con las distancias mínimas de seguridad que establece la normativa local y federal, de al menos 15 metros de distancia entre una bomba de gasolina y las viviendas, señalaron.
Cambio de uso de suelo
Los colonos argumentaron que el cambio de uso de suelo se autorizó al final de la administración pasada (2021–2024), encabezada por Roberto Sosa Pichardo, sin consulta ni aviso a la comunidad.
A raíz de las protestas vecinales y la recolección del 75% de firmas ciudadanas, el Cabildo de Corregidora votó por unanimidad, el 14 de febrero de 2025, revocar el uso de suelo para la gasolinera. No obstante, la empresa constructora respondió con una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa, buscando revertir la decisión municipal, proceso judicial en el que los vecinos buscan ser integrados y escuchados para que se considere su punto de vista.
Desplazamiento de vecinos
Asimismo, los vecinos denunciaron que se trata del mismo grupo empresarial con el que vecinos de El Porvenir, en la capital del estado, mantienen una protesta para evitar que instalen una gasolinera también en esta zona, grupo que también aseguran, ha utilizado medidas intimidatorias en contra de los vecinos.
Exhabitantes de la zona denunciaron que han tenido que vender sus propiedades y salir de la zona por temor a un accidente que pueda resultar en tragedia, además de que los vecinos acusan haber sufrido represalias por parte de la empresa, incluyendo amenazas, campañas de desprestigio y el uso de policías municipales para facilitar el acceso de trabajadores a la obra, a pesar de que no hay permisos vigentes tras la revocación.
Falsificación
Acompañados por la regidora del municipio de Corregidora, Mireya Fernández, señalaron que el acuerdo de cambio de uso de suelo está lleno de irregularidades, entre ellas, falsificación de documentos y ausencia de consulta ciudadana. Finalmente, los colonos hicieron un llamado directo al Tribunal de Justicia Administrativa para que escuche sus voces en el proceso en curso y valore el daño social, ambiental y de seguridad que representa la construcción de la estación de gasolina.