Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, se otorgaron más de 500 medidas de protección, en su mayoría solicitadas por mujeres, lo que evidencia la dimensión real de la violencia de género que se vive en la entidad, informaron colectivas en Querétaro, quienes cuestionaron la propuesta de agrupaciones que promueven la creación de dependencias específicas para hombres, al argumentar discriminación normativa y presuntas denuncias falsas.
Las activistas, integrantes de la Coalición de Mujeres, Madres, Defensoras y Ciudadanas por la Justicia, la Igualdad Sustantiva y los Derechos de las Infancias, consideraron que estas iniciativas desvían la atención de problemáticas estructurales relacionadas con la violencia de género y el acceso a la justicia.
Además, aseguraron que los datos estadísticos disponibles contradicen la narrativa que minimiza la violencia contra las mujeres, al destacar que Querétaro se posiciona en el tercer lugar nacional en violencia de género; prueba de ello es el número de solicitudes de protección que se han solicitado en los últimos meses en el estado.
«Llama la atención que el backlash de las colectivas que están promoviendo la polarización y la desinformación bajo el paraguas de igualdad, sostienen que las denuncias falsas de las mujeres contra los hombres es la base fundamental de su actuar. Pero para citar un ejemplo, tan solo en diciembre del 2025 a enero del 2026, en el Juzgado Familiar Especializado en Medidas de Protección Urgente se otorgaron 530 medidas urgentes de las cuales 402 fueron peticionadas por mujeres y 182 por hombres. Estos datos oficiales y evidencias científicas demuestran una verdad incuestionable: la violencia basada en género no es percepción, exageración ni propaganda; es una problemática estructural con profundas consecuencias económicas, psicológicas e intergeneracionales. Negarla, minimizarla o burlarse de ello constituye una forma adicional de violencia simbólica», resaltó Carolina Íñiguez, representante del Frente Nacional de Violencia Vicaria.
Sostuvieron que la violencia basada en género es una problemática estructural con impactos económicos y psicológicos, entre otros, por lo que negarla o reducirla a casos aislados contribuye a perpetuarla.
Las colectivas enfatizaron que los derechos de las mujeres forman parte integral del marco internacional de derechos humanos, por lo que su protección no responde a intereses ideológicos ni a concesiones políticas, sino a obligaciones jurídicas del estado mexicano.
En ese sentido, resaltaron que la perspectiva de género es una herramienta necesaria para identificar desigualdades históricas y garantizar el acceso efectivo a la justicia, especialmente para mujeres, niñas y adolescentes.
Asimismo, advirtieron que las propuestas para crear fiscalías o secretarías enfocadas exclusivamente en hombres carecen de sustento jurídico, social y estadístico, al no existir evidencia comparable que justifique su implementación frente a los niveles de violencia documentados contra mujeres.
«Vamos a convocar a mesas de trabajo, pero también es importante que la Legislatura, al momento de aprobar presupuesto, pues pueda tener esta mesa de trabajo también con el Poder Judicial. Sabemos el nivel de familias que está llegando todos los días a Querétaro, eso puede dificultar el acceso a la justicia; pero justamente por eso hablábamos acá: en un estado que ocupa el tercer lugar de violencia de género, tenemos que llevar a cabo acciones preventivas más que reactivas, porque si nos basamos solamente en atender lo reactivo, el presupuesto se nos va a acabar. Aquí le tienen que entrar las escuelas, órganos independientes, la organización civil, el Gobierno del Estado, los tres niveles de gobierno y los tres poderes para llevar a cabo enfoques preventivos dentro de política pública y así llevar a cabo acciones de prevención que no tengan que llegar a los tribunales. Tenemos casos de violencia en el noviazgo que son brutales y que podríamos detectar desde las instituciones de educación, pero no lo estamos haciendo. Insistimos: tenemos que llevar a cabo acciones preventivas antes que reactivas para que nos alcance, porque si jalamos la cobija de un lado, descobijamos el otro», destacó Beatriz Espíndola.
Las organizaciones reiteraron que su posicionamiento no busca confrontar derechos, sino reorientar la discusión pública hacia la atención de víctimas, el interés superior de la niñez y la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de impartir justicia en materia familiar.
Por ello, también hicieron un llamado a autoridades y sociedad en general a evitar la polarización y a construir políticas públicas basadas en evidencia, que respondan a la realidad de la violencia de género en la entidad.
